EL ASESINATO CORPORATIVO: CÓMO EL CAPITAL INTERNACIONAL FINANCIÓ EL CRIMEN DE BERTA CÁCERES

| ★ POLÍTICA |

(★) Honduras.- La verdad documentada: bancos de desarrollo, élites locales y Estado cómplice en una trama de muerte.

El crimen contra Berta Cáceres no fue un hecho aislado ni pasional. Fue la ejecución meticulosa de un plan corporativo donde el dinero del "desarrollo" se transformó en cheques para sicarios. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes desnuda una arquitectura criminal perfectamente engrasada: aproximadamente 12.4 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo de los Países Bajos fueron desviados para financiar la muerte. Estos fondos, destinados al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, pagaron vigilancia ilegal, compra de armas y finalmente el asesinato de la lideresa lenca.

La mecánica financiera resulta escalofriante. En las 48 horas posteriores al crimen, se cobraron tres cheques del BAC por 500,000 lempiras cada uno, monto que coincide exactamente con el pago confesado por los sicarios. La empresa DESA, propiedad de la familia Atala Zablah, creó una estructura contable paralela dentro de su gobernanza corporativa para lavar estos fondos internacionales. Pero el dinero no solo compró balas: también silencio. Periodistas como Arístides Aceituno y Ángel David Muñoz recibieron pagos directos para criminalizar a Berta, publicando artículos que la tachaban de "anti-desarrollo" y callaban la violencia empresarial.

El Estado hondureño tuvo en sus manos las pruebas para prevenir el feminicidio ambiental. Desde enero de 2016, dos meses antes del crimen, las interceptaciones telefónicas capturaron conversaciones explícitas sobre las incursiones, negociación de pagos y referencias a "decisiones de los de arriba". Las autoridades accedieron a estas comunicaciones donde se planeaba el asesinato y las omitieron deliberadamente. Roxana Altholz, experta del GIEI, fue contundente: "En fechas de planificación del crimen se identifican comunicaciones entre la estructura sicarial y empresarial específicamente de Daniel Atala y Jacobo Atala".

Este caso representa un paradigma global del asesinato corporativo-ambiental, donde el capital transnacional, las élites extractivistas locales y el aparato estatal se alían para eliminar a quienes defienden los bienes comunes. La impunidad tiene nombres y apellidos: los hermanos Atala, accionistas mayoritarios de DESA, participaron directamente en el grupo "Seguridad PHAZ" donde se coordinaba la vigilancia contra Berta y el COPINH. Hoy, la verdad documentada es un arma para la batalla jurídica y social, pero la justicia integral sigue pendiente mientras los responsables intelectuales caminan libres y los bancos internacionales no rinden cuentas por financiar crímenes contra la vida.