| ★ POLÍTICA |
(★) Argentina.- El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas formalizó una acusación por traición a la patria que probablemente termine en la nada.
La denuncia penal presentada por el CECIM La Plata contra el presidente Javier Milei por violación de los deberes de funcionario público expone una verdad incómoda: en un sistema judicial cooptado por los grupos de poder, las causas que cuestionan al establishment neoliberal tienen destino de archivo. Los ex combatientes Rodolfo Carrizo y Ernesto Alonso acudieron al Juzgado Federal Criminal N°12 de Comodoro Py, a cargo de Julián Ercolini, pero saben que enfrentan una maquinaria diseñada para proteger a los de arriba.
El núcleo de la acusación radica en las declaraciones de Milei al diario británico The Telegraph, donde supeditó la recuperación de Malvinas al "deseo" de los isleños, abandonando así la posición histórica argentina sustentada en la Constitución y las resoluciones de la ONU. Al mismo tiempo, esta postura implica un reconocimiento tácito de la tesis colonialista británica, desmantelando décadas de lucha diplomática.
La gravedad jurídica es profunda: según la doctrina del Estoppel en derecho internacional, las declaraciones públicas de un jefe de Estado son vinculantes para su país. Si la justicia argentina no actúa, el Reino Unido podría argumentar que Argentina consintió un cambio en su postura histórica. En paralelo, se perdería la ventaja moral obtenida en 1965 cuando la ONU obligó a Londres a negociar la soberanía.
Lo que revela este caso es la arquitectura institucional del poder: un presidente que traiciona la causa nacional más sagrada, un sistema judicial que funciona como guardián de los intereses foráneos, y una clase política cómplice por omisión. La denuncia del CECIM probablemente caerá en saco roto, pero su valor simbólico permanece: documenta para la historia cómo se consuma una entrega con la complicidad de todas las instituciones republicanas.

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