| ★ POLÍTICA |
(★) Bolivia.- La derecha boliviana enfrenta su primera gran crisis social tras eliminar subsidios históricos a los combustibles
La tensión social en Bolivia alcanzó un punto de ruptura histórica cuando la Central Obrera Boliviana (COB) anunció el fin del diálogo con el gobierno de Rodrigo Paz. Lo que comenzó como protestas contra la eliminación del subsidio a los combustibles se transformó en lo que los sindicalistas denominan una "revolución nacional", marcando un punto de inflexión en la resistencia popular contra las políticas neoliberales.
El detonante fue el Decreto Supremo 5503, que estableció aumentos brutales del 86% al 162% en los precios de gasolina y diésel, eliminando subsidios que protegían a la población durante más de dos décadas. Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, denunció la "traición" del gobierno que llegó al poder con votos populares y ahora aplica medidas que golpean directamente a las comunidades más vulnerables. "Tenemos que hacerle frente al Gobierno porque lastimosamente se niega de manera rotunda a abrogar este maldito decreto", declaró Argollo, evidenciando la fractura irreparable.
La respuesta popular fue contundente: 52 puntos de bloqueo paralizaron las principales carreteras del país, aislando ciudades como La Paz y afectando el comercio interno. Maestros, comerciantes y juntas vecinales se sumaron a la movilización, demostrando que el descontento trasciende el ámbito sindical para convertirse en un movimiento social amplio. La administración de Paz intentó negociar modificaciones parciales, pero la COB mantiene firme su exigencia de abrogación total, rechazando cualquier solución que no revierta completamente la medida.
La crisis expone las contradicciones del gobierno derechista que, pese a ofrecer aumentos salariales y bonos sociales, aplica políticas que profundizan la desigualdad. La situación se agrava con turistas extranjeros atrapados en Uyuni, requiriendo rescate aéreo, mientras la imagen internacional de Bolivia se deteriora. La detención del exministro Édgar Montaño, vinculado al gobierno anterior de Luis Arce, añade complejidad al escenario político, mostrando cómo las luchas internas del poder se entrelazan con la crisis social.
La resistencia boliviana demuestra que las políticas de ajuste neoliberal encuentran límites en la organización popular. La "revolución nacional" que proclaman los sindicalistas no es retórica vacía sino expresión de un pueblo que defiende conquistas históricas frente a un gobierno que parece haber olvidado sus promesas electorales. La solidaridad entre sectores diversos y la persistencia de las movilizaciones indican que esta lucha podría definir el futuro político del país andino.
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