| ★ GLACIARES |
(★) Argentina.- La fragilidad del proyecto libertario se hace carne en cada revés legislativo a manos de la manifestación popular en la calle.
El Senado argentino fue escenario de un debate crucial donde especialistas, organizaciones socioambientales y científicas denunciaron con una sola voz el intento gubernamental de vaciar la Ley de Glaciares. Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, lo definió sin ambigüedades: "Es la reforma Barrick Gold". La advertencia resonó en el plenario de comisiones que analizó el proyecto del Poder Ejecutivo para modificar la Ley 26.639, una iniciativa que según les expositores no busca actualizar aspectos técnicos sino desmantelar los presupuestos mínimos de protección del agua.
La arquitectura jurídica ambiental argentina está bajo ataque. Viale señaló que las leyes de presupuestos mínimos constituyen un sistema integral que este proyecto "tira por la borda". La pregunta que flota en el aire es ominosa: ¿qué vendrá después? ¿Los bosques? ¿Los ríos? ¿La Ley General del Ambiente? La reforma, calificada como "flagrantemente inconstitucional", viola el artículo 41 de la Constitución Nacional que obliga al Estado a fijar pisos comunes de protección ambiental. En Mendoza, donde solo el 4% del territorio es irrigable y el resto es desierto, la relevancia hídrica de los glaciares resulta vital para la supervivencia de comunidades enteras.
La ciencia fue deliberadamente desplazada del proceso. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) queda prácticamente sin funciones en el nuevo esquema, según denunció Viale. Un subsecretario de minería provincial podría ordenar la exclusión de glaciares del inventario nacional, amparándose en la nueva normativa. Andrés Napoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, advirtió sobre décadas de conflictividad judicial: "Este proyecto va a estar 40 años en tribunales". La reducción de áreas protegidas y el avance sobre estándares ya consolidados generan incertidumbre jurídica donde debería haber certezas.
Los datos científicos ignorados por la reforma son contundentes. Agostina Rossi, de Greenpeace, aportó cifras alarmantes: el 20% de la infiltración que llega a las napas depende del ambiente periglacial, porcentaje que puede ascender al 50% en años de sequía. En un contexto de crisis climática acelerada, debilitar la protección glaciar resulta suicida desde cualquier perspectiva. Pablo Villagra, director del IANIGLA, reveló que la institución científica no fue consultada para la redacción de la nueva ley, confirmando el desprecio por el conocimiento especializado.
El procedimiento acelerado y sin debate social contrasta grotescamente con el proceso participativo que dio origen a la ley en 2010. Mientras aquel fue amplio y democrático, este se realiza "a puertas cerradas", según Viale, con tratamiento exprés programado para después de Navidad. Las comunidades afectadas, les vecines y personas en situación de vulnerabilidad brillan por su ausencia en este debate que decide sobre su futuro hídrico. Sus voces se expresan en las calles. La defensa colectiva de la Ley de Glaciares se transforma así en una trinchera fundamental para proteger el agua, las cuencas y la vida frente al avance extractivista que prioriza ganancias transnacionales sobre derechos básicos.
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