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(★) Argentina.- Un fallo judicial histórico pone límite al ajuste y protege derechos vulnerables
La Justicia Federal de Campana acaba de dar un golpe contundente al gobierno de Javier Milei al declarar inválido el decreto que suspendía la Ley de Emergencia en Discapacidad. En una sentencia definitiva con efectos expansivos, el tribunal ordenó la aplicación "inmediata e integral" de la Ley 27.793, que había sido frenada por el DNU 681/2025 del Ejecutivo. La medida responde a un amparo colectivo presentado por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El fallo es contundente en sus fundamentos: el Poder Ejecutivo violó la Constitución Nacional al suspender mediante decreto una ley que debía ser promulgada obligatoriamente, especialmente después de que el veto inicial del gobierno fuera rechazado por ambas Cámaras del Congreso con mayoría calificada. Los argumentos económicos esgrimidos por el Ejecutivo fueron calificados como "falaces" por la Justicia, que recordó que la propia ley ya faculta al Jefe de Gabinete a realizar reasignaciones presupuestarias necesarias.
La sentencia protege a todo el colectivo de personas con discapacidad titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), sus familias, cuidadoras y prestadores de servicios. El tribunal consideró que la suspensión del financiamiento constituía discriminación estructural y violaba el principio de no regresividad de derechos humanos, consagrado en tratados internacionales con jerarquía constitucional. Mientras tanto, organizaciones como el Hospital Garrahan y el Foro de Discapacidad convocaron a un abrazo simbólico en Plaza de Mayo para exigir la aplicación urgente de las leyes de emergencia, denunciando que quedaron fuera del Presupuesto 2026.
Este fallo judicial marca un precedente fundamental: los derechos humanos no son negociables ni pueden ser sacrificados en el altar del ajuste económico. La Justicia reafirma que el Estado tiene obligaciones especiales hacia los grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente niñes y adultes mayores con discapacidad, y que el derecho a la salud, educación y rehabilitación debe prevalecer frente a cualquier restricción presupuestaria.
A pesar del fallo judicial que ordenó su implementación inmediata, el Ejecutivo se niega a destinar fondos para la emergencia en discapacidad.
La pulseada judicial por la Ley de Emergencia en Discapacidad llegó a un punto crítico. El gobierno de Javier Milei anunció que no cumplirá con el fallo del Juzgado Federal de Campana que ordenaba aplicar de inmediato la norma sancionada por el Congreso. "No tenemos los fondos para hacerlo", sin ningún pudor expresó uno de los funcionarios consultados por medios capitalinos (quizás porque los fondos ya fueron destinados prioritariamente para la compra de aviones F16 o viajes presidenciales?).
El gobierno ahora apelará el fallo mientras impulsa en paralelo la Ley de Estabilidad Fiscal, que busca establecer que las leyes con gastos no contemplados en el presupuesto solo regirán cuando se incluyan las partidas correspondientes. Mientras tanto, miles de personas con discapacidad siguen esperando las medidas de emergencia que el Congreso ya aprobó.
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