| ★ POLÍTICA |
(★) EEUU.- ¿Cuándo el narcotráfico se convierte en "guerra" y los civiles en "combatientes"? Cuando el Pentágono necesita justificar asesinatos extrajudiciales.
El 2 de septiembre de 2025, el ejército estadounidense ejecutó una operación de "doble golpe" en el Caribe que desnuda la arquitectura jurídica del imperialismo contemporáneo: primero atacaron un barco sospechoso de narcotráfico, luego —al constatar que había sobrevivientes— volvieron a atacar para matar a los once tripulantes restantes. Según fuentes de CNN, el Secretario de Defensa Pete Hegseth había ordenado "asegurar que el ataque matara a todos a bordo", aunque no está claro si sabía de los sobrevivientes antes del segundo golpe. Esta lógica de exterminio, donde la vida humana se reduce a variable táctica, encuentra su coartada en una opinión legal clasificada del Departamento de Justicia que argumenta que el presidente puede autorizar ataques letales contra 24 carteles y organizaciones criminales en "legítima defensa", porque supuestamente representan una "amenaza inminente" para los estadounidenses. Un argumento que se desmorona ante el dato concreto: en al menos un caso, un barco había dado la vuelta y se alejaba de EE.UU. antes de ser alcanzado.
Los sobrevivientes del primer ataque del 2 de septiembre, heridos o incapacitados en el agua, no representaban amenaza alguna. Sarah Harrison, ex abogada del Pentágono, señala la violación del derecho internacional humanitario: "Están matando civiles en primer lugar, y luego, si asumes que son combatientes, también es ilegal —bajo la ley de conflicto armado, si alguien está 'hors de combat' (fuera de combate) y ya no puede luchar, entonces debe ser tratado humanamente". El almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur, ofreció renunciar tras cuestionar la legalidad de los ataques en una tensa reunión con Hegseth. El Reino Unido dejó de compartir inteligencia sobre embarcaciones sospechosas para no ser cómplice de lo que considera ataques ilegales. Mientras Trump anuncia en Truth Social "ataques cinéticos contra narcoterroristas del Tren de Aragua", la representante demócrata Madeleine Dean denuncia la ausencia de consulta al Congreso y la falta de evidencia sobre lo que realmente transportaban esos barcos.
La contrahegemonía emerge en las fisuras del propio aparato militar: abogados especializados en derecho internacional dentro de la Oficina del Consejo General del Pentágono han expresado preocupaciones. Múltiples abogados uniformados, actuales y anteriores, dicen que los ataques no parecen legales. El Comité de Servicios Armados del Senado, controlado por republicanos, promete "vigorosa supervisión". Pero la pregunta persiste: ¿cuántas ejecuciones sumarias más se necesitan para que la "guerra contra las drogas" revele su verdadero rostro de necropolítica imperial?
