| ★ SALUD |
(★) Argentina.- ¿La salud como derecho o como privilegio de frontera? La alerta epidemiológica chilena expone el retroceso sanitario argentino como consecuencia política de un modelo que mercantiliza la vida.
La decisión del gobierno chileno de activar una alerta epidemiológica y reforzar controles fronterizos ante el aumento de casos de sarampión en Argentina no es sólo una medida técnica de salud pública, sino un espejo brutal que refleja las consecuencias sanitarias de un modelo político que ha convertido la vacunación —ese pilar fundamental de la salud colectiva— en campo de batalla ideológico, donde el discurso antivacunas ha encontrado eco en autoridades que cuestionan la evidencia científica y donde el desfinanciamiento sistemático de campañas preventivas ha creado las condiciones para el retorno de enfermedades que se consideraban controladas, como si la historia epidemiológica pudiera borrarse con decretos o discursos negacionistas. La frontera sanitaria que hoy Chile intenta levantar —con vigilancia intensificada en pasos cordilleranos, monitoreo clínico ampliado y protocolos especiales— funciona como una denuncia implícita del retroceso argentino, donde las coberturas vacunales se han desplomado de más del 90% en 2015 a menos del 50% en vacunas esenciales, un derrumbe que no es casual sino producto de políticas concretas: reducción presupuestaria en campañas preventivas, tolerancia (e incluso promoción) gubernamental hacia sectores que cuestionan los sistemas epidemiológicos y, sobre todo, la expansión de discursos pseudocientíficos que circulan incluso desde el Congreso Nacional.
Los números son elocuentes. La triple viral —contra sarampión, paperas y rubéola— cayó del 90% al 46,7%. El refuerzo de polio descendió del 88% al 47%. La triple bacteriana celular bajó del 88% al 46%. Argentina registra 35 casos confirmados de sarampión hasta noviembre, brotes dispersos en varias provincias, una alerta que involucra a pasajeros de buses interurbanos expuestos a contagios. Paralelamente, un brote crítico de coqueluche con más de 500 casos y cinco fallecidos, y tuberculosis con incremento del 65% en cinco años. Chile observa este panorama con preocupación legítima: comparte 5.300 kilómetros de frontera, flujo permanente de personas y una tradición sanitaria que considera la vacunación como derecho social, no como opción individual.
La vocera chilena Camila Vallejo fue clara: "El llamado es claro, a no caer en estas campañas antivacuna". Su advertencia apunta al corazón del problema —la desinformación como política de salud— mientras Argentina enfrenta lo que la Sociedad Argentina de Pediatría llama "escenario frágil". ¿Hasta cuándo seguirá primando la ideología sobre la evidencia científica?
