| ★ POLÍTICA CARCELARIA |
(★) Argentina.- La tragedia que pudo evitarse expone la política carcelaria como castigo social.
El incendio del 26 de octubre en la Alcaidía General N°1 de Salta no fue un accidente, sino la consecuencia previsible de un sistema diseñado para el abandono. El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura confirmó lo que las organizaciones de derechos humanos vienen denunciando: no había matafuegos, ni colchones ignífugos, ni cámaras de vigilancia. Las celdas, preparadas para 8 personas, alojaban entre 18 y 25 detenidos, sumando unas 110 personas en condiciones que violan todos los estándares internacionales.
La tragedia se cobró la vida de Ezequiel Avendaño, quien paradójicamente había recuperado la libertad un día antes pero nunca fue notificado. Tres personas siguen internadas, requiriendo curaciones diarias y apoyo psicológico por el trauma vivido. El Comité solicitó informes a la fiscalía, pero aún no obtuvo respuesta, evidenciando la impunidad estructural.
Este incendio no es un hecho aislado, sino la expresión más cruda de una política que usa el sistema penal para gestionar la pobreza. Mientras se siga resolviendo la vulnerabilidad social con mano dura y encierro, las cárceles seguirán siendo trampas mortales. La solución no está en construir más alcaidías, sino en desmontar la lógica punitivista que convierte a las personas pobres en carne de cañón del sistema carcelario.
