| ★ POLÍTICA | NO AL EXTRACTIVISMO |
(★) Argentina.- La administración Milei impulsa una reforma que entrega los recursos hídricos a las corporaciones mineras.
La historia de la protección glaciar en Argentina siempre fue una batalla entre la codicia extractivista y la defensa del agua como bien común. Desde el veto de Cristina Fernández en 2009 hasta la sanción de 2010, cada intento de debilitar la ley encontró resistencia popular. Hoy, el gobierno de Javier Milei presenta su proyecto más ambicioso: desguazar la Ley de Glaciares bajo el disfraz del "federalismo ambiental" y la "seguridad jurídica".
La reforma, enviada al Congreso en sesiones extraordinarias, representa un golpe brutal a la protección ambiental. El núcleo del cambio radica en tres aspectos clave: primero, transfiere a las provincias la potestad de determinar qué glaciares merecen protección según "funciones hídricas efectivas", un concepto ambiguo que abre la puerta a interpretaciones convenientes para la industria. Segundo, elimina la prohibición automática de actividades mineras e hidrocarburíferas, reemplazándola por evaluaciones de impacto ambiental provinciales, donde el lobby extractivo tiene mayor influencia. Tercero, limita el Inventario Nacional sólo a geoformas que cumplan funciones hídricas "comprobadas", dejando fuera miles de glaciares que actualmente están protegidos.
El discurso oficial habla de "inseguridad jurídica" y "parálisis de inversiones", pero los números desnudan la verdad: según Bloomberg, el gobierno aspira a destrabar más de 20.000 millones de dólares en proyectos mineros en la Cordillera. Las provincias mineras como San Juan, Mendoza y Santa Cruz -las que más glaciares tienen- serían las principales beneficiarias de esta entrega. La organización Jóvenes por el Clima advierte con crudeza: 7 millones de argentinos podrían perder acceso al agua potable si se avanza con esta reforma.
El proyecto utiliza artimañas legales para vaciar de contenido la protección. Incorpora el "principio precautorio" sólo para glaciares inventariados, pero luego permite que las provincias "verifiquen" si realmente cumplen funciones hídricas. Es un círculo vicioso: primero se limita el inventario, luego se cuestiona lo que queda, finalmente se habilita la explotación. La excusa del "desarrollo humano" del artículo 41 constitucional se convierte en caballo de Troya para el saqueo.
Esta reforma no es técnica ni federalista: es política pura al servicio del extractivismo. Mientras el cobre alcanza máximos históricos y Trump presiona por suministros, Argentina pone en riesgo su segunda reserva de agua dulce más grande de América Latina. La defensa colectiva del agua, tejida durante años por comunidades y organizaciones ambientales, enfrenta su prueba más dura. Para este gobierno, el agua argentina tiene precio y está en liquidación.
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