| ★ POLÍTICA |
(★) Brasil.- El Congreso brasileño avanza en la criminalización histórica de los pueblos originarios mientras profundiza su enfrentamiento con el poder judicial.
En una maniobra política que huele a venganza institucional, el Senado aprobó este martes la PEC (Propuesta de Enmienda de la Constitución) que incluye en la Constitución el marco temporal para demarcación de tierras indígenas. Con 52 votos a favor y 15 en contra, la medida establece que los pueblos originarios sólo tendrán derecho a territorios que ocupaban el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la actual Carta Magna. La votación exprés -con dos turnos en un solo día- fue orquestada por el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, en respuesta directa a la decisión del ministro Gilmar Mendes que limitó los poderes del Congreso para impulsar impeachment contra magistrados del Supremo.
La jugada parlamentaria es una bofetada a la justicia y a los derechos ancestrales. En 2023, el STF (Supremo Tribunal Federal) ya había declarado inconstitucional esta misma tesis, pero el Congreso respondió aprobando una ley que la validaba. Ahora buscan blindarla en la Constitución para impedir futuros cuestionamientos judiciales. El texto aprobado incluye además la previsión de indemnización a hacendados, veta la ampliación de territorios ya demarcados y garantiza participación de propietarios rurales en todo el proceso de delimitación.
Mientras los senadores votaban, indígenas fueron impedidos de ingresar a la galería del plenario, viendo la sesión desde sus celulares. La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil denunció que Alcolumbre pautó la PEC "en una tentativa de caída de brazo con el Supremo". Este miércoles, el propio STF inicia audiencias sobre cuatro acciones que cuestionan la constitucionalidad del marco temporal, en un choque de poderes que expone la fragilidad democrática brasileña.
La disputa va más allá de tierras: se trata de 11 mil pedidos de minería sobre territorios indígenas y de un modelo de desarrollo que sigue privilegiando el agronegocio sobre la vida de los pueblos originarios. En este juego de poder entre élites, los derechos ancestrales se convierten en moneda de cambio, mientras la democracia se desmorona en medio de crisis institucionales fabricadas por quienes deberían protegerla.
