| ★ POLÍTICA |
(★) EEUU.- Se desclasifican los archivos de Maxwell, pero cuando los responsables ya están muertos o presos, y los poderosos cómplices siguen impunes.
La justicia estadounidense, esa maquinaria que durante décadas protegió con el manto del secreto a una red de depredación sexual de élite, finalmente cede ante la presión legislativa—pero sólo cuando el poder político cambia de manos y los nombres ya están muertos o encarcelados, cuando el escándalo ya no puede manchar a quienes siguen en la cúspide del establishment financiero y político. El juez Paul Engelmayer ordena la desclasificación de los registros del gran jurado sobre Ghislaine Maxwell, citando la Ley de Transparencia de Archivos Epstein que Donald Trump—el mismo presidente que antes rechazó liberar esos documentos—firmó en noviembre, una contradicción que revela cómo la maquinaria estatal opera: protege mientras puede, abre cuando ya no hay riesgo para los vivos, cuando Epstein está muerto y Maxwell cumple veinte años. La transparencia llega tarde, cuando el daño estructural ya se consumó, cuando las víctimas—niñas de hasta catorce años reclutadas entre 1994 y 2004—llevan décadas cargando con el trauma mientras los cómplices sociales, los que frecuentaban las islas privadas y los aviones, siguen impunes.
Maxwell fue trasladada de Florida a Texas en agosto. El Departamento de Justicia tiene hasta el 19 de diciembre para publicar todo. El representante Robert García llama a esto "una victoria para la transparencia". Pero los jueces de Florida y Nueva York antes se negaron, citando las reglas federales de secreto del gran jurado. Sólo la ley del Congreso—esa misma institución llena de donantes que quizás aparezcan en los documentos—obligó el cambio. El mecanismo protege la privacidad de las víctimas, dice el fallo. ¿Y la privacidad de los victimarios? Esa ya estaba protegida por el silencio institucional.
Mientras la BBC destaca el aspecto procesal y el cumplimiento de plazos, el vacío en CNBC—que ni siquiera desarrolla la noticia central—muestra cómo ciertos medios minimizan lo que debería ser un terremoto político. La información se fragmenta: aquí el procedimiento, allá el silencio. ¿Qué nombres quedarán fuera por "investigaciones activas" o "preocupaciones de privacidad"? La ley permite retener esos archivos. La justicia climática para los ecosistemas humanos violados exige nombres completos, redes de complicidad, flujos de dinero que financiaron la impunidad. Las víctimas eran cuerpos-territorios colonizados por el poder masculino y el capital. Maxwell, la reclutadora, cumple condena. Epstein, muerto. ¿Y los clientes? Esa pregunta retórica quema.
