| ★ EDUCACIÓN |
(★) Argentina.- La educación pública porteña enfrenta una transformación que va más allá de lo administrativo: desde 2026, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impone el registro de asistencia docente mediante huella digital, convirtiendo datos biométricos sensibles en requisito laboral obligatorio.
Según la Resolución 1292/2025 analizada por Rebelión, esta medida -impuesta por resolución administrativa y no por ley legislativa- viola la Ley 1845 de Protección de Datos Personales que define explícitamente los datos biométricos como sensibles y establece que nadie puede ser obligado a proporcionarlos. La tensión normativa es evidente: lo que la ley protege como voluntario se convierte en obligatorio bajo amenaza de suspensión del adicional salarial.
Desde Ademys, el sindicato docente, denuncian que el gobierno avanza con presiones e intimidaciones mientras intenta entregar datos personales a una empresa privada sin información sobre su uso ni los fondos destinados. La resistencia en las escuelas es contundente, con miles de docentes que se niegan a registrar sus huellas o lo hacen bajo presión pero manteniendo su rechazo.
La medida se presenta como "modernización" y "transparencia", pero según el análisis de Darío Balvidares, encarna la lógica empresarial que busca trasladar al ámbito público metodologías de eficiencia corporativa. Oscar Ghillione, subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa y ex CEO de Enseña por Argentina (subsidiaria de Teach For America), representa esta visión que convierte al cuerpo docente en dato administrable.
La huella digital funciona como llave que vincula identidades con bases de datos centralizadas, habilitando nuevas formas de disciplinamiento que transforman la relación entre Estado y trabajadores de la educación. No es un cambio técnico inocuo sino un acto político que redefine la autonomía laboral bajo dispositivos de vigilancia.
Esta tendencia regional -con experiencias similares en México y Brasil enfrentando resistencias sindicales y judiciales- muestra cómo la biometría aplicada al trabajo docente tiende a convertirse en mecanismo de vigilancia laboral más que herramienta de gestión pedagógica.
La educación pública se convierte así en laboratorio de control donde la vigilancia biométrica y la mercantilización se presentan como "modernización", exigiendo respuestas articuladas que combinen tradición educativa, ética del conocimiento y acción colectiva frente al avance del mercado sobre los derechos laborales y la privacidad personal.
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