| ★ SALUD |
(★) Argentina.- Mientras el Ministerio de Salud reporta 846 casos y 7 muertes en 2025, las desigualdades territoriales en vacunación exponen la vulnerabilidad de los más pequeños.
La tos convulsa vuelve a golpear con fuerza en Argentina. Con 81 nuevos casos confirmados en la última semana epidemiológica, el país acumula ya 846 contagios de coqueluche en lo que va de 2025, según el último Boletín Epidemiológico Nacional. Pero detrás de estas cifras se esconde una realidad más cruda: siete muertes evitables, todas en personas sin antecedentes de vacunación, y una distribución geográfica que delata las profundas desigualdades del sistema sanitario.
La Región Centro concentra el 77% de los casos (653 contagios), con Buenos Aires liderando esta triste estadística (439 casos) seguida por CABA (83). Sin embargo, el dato más alarmante es que el 35,3% de los afectados son menores de 1 año, y dentro de este grupo, 208 bebés tienen menos de 6 meses. Cuatro de los siete fallecidos pertenecían precisamente a este segmento de máxima vulnerabilidad.
Las coberturas de vacunación pintan un panorama fragmentado. Mientras provincias como Tierra del Fuego, La Pampa y Jujuy mantienen altos niveles de inmunización, Buenos Aires, CABA, Santa Fe y otras jurisdicciones muestran coberturas "intermedias a bajas", especialmente en los refuerzos de los 5 y 11 años. La primera dosis de la vacuna quíntuple apenas alcanza el 76,72%, y los refuerzos caen al 62,59% en niños de 15 a 18 meses.
Esta epidemia no es sólo un problema de salud pública, sino un termómetro de la inequidad. Las recomendaciones del Ministerio -fortalecer el calendario nacional, mejorar la captación activa y reducir desigualdades entre jurisdicciones- suenan a diagnóstico conocido pero con escasa implementación efectiva. Mientras tanto, los bebés siguen pagando el precio de un sistema que no logra garantizar el acceso universal a la prevención más básica.
La tos convulsa nos interpela: ¿cuántas muertes más necesitamos para entender que la vacunación no es un privilegio sino un derecho y una obligación social?
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