| ★ EDUCACIÓN |
(★) Argentina.- La universidad argentina sangra por la herida abierta del ajuste —mientras el gobierno nacional ejecuta un vaciamiento sistemático que convierte las aulas en cáscaras vacías y los salarios docentes en limosnas indignas.
El paro nacional de 72 horas que paraliza desde ayer las 66 universidades nacionales expresa la resistencia organizada contra un proyecto de desfinanciamiento que ya provocó el éxodo de al menos 10.000 docentes y una caída salarial del 30% en el último año, según los datos que emergen de las asambleas de base. La Ley de Financiamiento Universitario —aprobada dos veces por el Congreso con mayoría de dos tercios y promulgada el 21 de octubre— establece actualizaciones bimestrales automáticas y fondos para funcionamiento, pero el gobierno de Milei la ignora mediante un argumento legal espurio: la falta de presupuesto específico. Mientras tanto, el secretario de Educación Carlos Torrendell y el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez ratificaron en la comisión de Presupuesto de Diputados que no aplicarán la norma, confirmando lo que desde la AGD-UBA denominan "presupuesto de guerra contra la educación".
Los números duelen: para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023 se necesita un aumento del 43%. Muchos docentes ganan por debajo de la línea de pobreza. El pluriempleo es la norma. La Federación Universitaria Argentina advierte sobre el impacto de la demora en transferencias presupuestarias. Pilar Barbas, secretaria de la FUA, denuncia: "Hay que dejar de decir que no hay plata porque este Gobierno decidió el desfinanciamiento". Ileana Celoto, de AGD-UBA, precisa: la deuda acumulada es del 44%. El gobierno eximió a las cerealeras de retenciones por US$1.500 millones —fondos que hubieran financiado la educación pública— mientras argumenta falta de recursos para cumplir la ley.
La consulta nacional de CONADU busca definir próximas medidas, incluyendo la posible suspensión del inicio del ciclo lectivo 2026. Ricardo Petraglia, de ADUNA, articula la resistencia desde las bases. El Consejo Interuniversitario Nacional recurrió a la justicia. Leandro Vergara, decano de Derecho de la UBA, sentenció: "Un decreto no puede suspender una ley". La universidad pública resiste mientras el gobierno ejecuta su desmantelamiento.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu comentario es fundamental para mejorar y enriquecer este espacio. Antes de publicarlo, ten en cuenta:
- Respeto: Los comentarios ofensivos o de spam serán eliminados.
- Conversación: Intenta que tu aporte sume al tema del artículo.
- Privacidad: Evita dejar datos personales sensibles (email, teléfono) en el texto.
¡Gracias por ser parte de la conversación!