| ★ POLÍTICA |
(★) Argentina.- Mientras el gobierno habla de libertad, en las cárceles de Río Negro se violan derechos humanos con impunidad estatal.
La violencia estatal no se limita a las calles donde se reclaman derechos laborales o sociales —se despliega con mayor brutalidad en los espacios donde la sociedad no quiere mirar, donde los cuerpos de los pobres se convierten en territorio de disputa entre el poder punitivo y la resistencia silenciada. En el Penal 2 de General Roca, el director Matamala implementa un régimen de terror que incluye requisas genitales a mujeres, niñas y niños durante las visitas familiares, procedimientos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya calificó como delitos sexuales, mientras el sistema judicial provincial mira para otro lado y legitima la tortura institucionalizada.
Los datos son contundentes: según el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, las requisas implican la separación de labios vaginales, descompensaciones en mujeres visitantes, y la obligación de hacer sentadillas a adultos mayores de 60 años. Ana Calafat, representante del organismo, denuncia que el mismo director ya aplicaba estas prácticas en Cipolletti, donde presentaron un habeas corpus colectivo que el juez Ricardo Apcarían desestimó por "falta de pruebas", tomando sólo la palabra de la institución penitenciaria. El lunes 24 de noviembre, la huelga de hambre de los detenidos por estas prácticas derivó en una represión con detonaciones que hirió a varios internos, mientras sus familiares quemaban gomas en la puerta del penal durante siete horas sin obtener respuestas oficiales.
De este modo el aparato penitenciario expande su dominio sobre cuerpos convertidos en mercancía desechable, mientras el discurso oficial construye castillos retóricos sobre cimientos de humillación metódica. La resistencia dentro y fuera del penal no es sólo una reacción a los controles, sino un grito desesperado contra un sistema que muchas veces olvida que la dignidad humana no se pierde al cruzar las rejas. La pregunta que queda flotando es si el endurecimiento de las medidas sin abordar las causas estructurales realmente contribuye a la seguridad o simplemente acumula más tensión para futuros estallidos.
