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México.- Comunidades nahuas de Puebla enfrentan criminalización y represión por defender sus recursos hídricos frente a proyectos de despojo gubernamental.
El conflicto en San Miguel Xoxtla revela la profundidad del extractivismo hídrico como expresión contemporánea de la acumulación por desposesión capitalista. Las autoridades municipales y estatales implementan una estrategia de mercantilización del agua que prioriza el abastecimiento urbano-industrial sobre las necesidades vitales de las comunidades originarias. Este modelo reproduce la lógica colonial de saqueo, donde los territorios indígenas son convertidos en zonas de sacrificio para el desarrollo capitalista de las ciudades.
El gobernador príista – morenista, Alejandro Armenta, vocifera y enfatiza que el agua es un bien nacional, un argumento oportunista para despojar a los pueblos por un supuesto beneficio de la nación, lo cual realmente se ha traducido en que las concesiones de agua son entregadas directamente a los intereses capitalistas tanto de la industria como de empresas como Agua de Puebla que roba el agua, cobra por ello y multa si no recibe los pagos.
También la diputada estatal, Angélica Alvarado Juárez(*), se presentó el pasado domingo 26 de octubre en inmediaciones del parque PAVIGI, en Xoxtla, con el supuesto objetivo de tranquilizar al pueblo que se manifiesta contra la construcción del pozo que el mal gobierno quiere imponer. Sin embargo, detrás de su presencia se encuentra el interés de asumir la coordinación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT).
La población de Xoxtla, de origen nahua, sufre directamente las consecuencias de este despojo sistemático. A pesar del discurso oficial que presenta al pozo de extracción de agua como el "Pozo del Bienestar" y como solución a la escasez hídrica local, la experiencia histórica demuestra que el destino real será la capital poblana. La criminalización de lxs defensorxs del agua se manifiesta en intimidación armada directa, como en el incidente del 29 de octubre donde un civil apuntó con una pistola al plantón pacífico, contando con la complicidad de ocho policías armados. Esta represión estatal busca disciplinar la resistencia popular y garantizar la continuidad del flujo de plusvalía hídrica hacia los centros urbanos. En este sentido, la resistencia en Xoxtla evidencia que la crisis hídrica no es natural sino política, resultado de un modelo de desarrollo que mercantiliza los bienes comunes y criminaliza a quienes defienden el derecho humano al agua.
Las alternativas emergen desde la organización comunitaria, que exige el respeto al acuerdo del cabildo que garantiza la no privatización del agua y la desmantelación definitiva de la obra en el deportivo Pavigi. La defensa del agua en Xoxtla representa un frente crucial en la lucha por la soberanía hídrica, donde la autodeterminación de los pueblos se enfrenta a la lógica extractivista del Estado. Los pueblos seguirán en lucha por el reconocimiento del derecho ancestral de las comunidades sobre sus territorios y recursos, construyendo modelos de gestión colectiva que prioricen la reproducción de la vida sobre la acumulación de capital, inclusive si quienes llegan con esos proyectos y/o mega proyectos extractivistas son actualmente (la mayoría vienen de partidos tradicionales antipopulares) representantes de MORENA y el gobierno Nacional. MORENA deberá revisar sus filas y las acciones de sus dirigentes, para impedir que se use sus estructuras con los mismos fines que han mal gobernado desde hace tanto tiempo.
(*) Angélica Alvarado Juárez inició su carrera política en Partido Acción Nacional (PAN), específicamente en el gobierno de Rafael Moreno Valle y el 2017 fue participe directa para la iniciativa de privatizar el agua en los 217 municipios del Estado de Puebla. En 2018 gana las elecciones en el municipio de Huejotzingo por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y en 2019, al servicio de los empresarios del Corredor Industrial Ciudad Textil Huejotzingo, pretende imponer y conectar un colector de desechos tóxicos al río Metlapanapa. La defensa de los pueblos de la región cholulteca impidió que este proyecto criminal se realizará, sin embargo, la comunidad fue reprimida por la policía estatal y la Guardia Nacional el día 30 de octubre, además del encarcelamiento del compañero Miguel López Vega. La organización de las comunidades logró la libertad inmediata del compañero y la cancelación del proyecto. En 2021 tras un pésimo trabajo y administración en Huejotzingo, se reelige e impone nuevamente como presidenta municipal. En 2023, luego de autorizar la construcción de más de 4 mil casas de la empresa Ara, en territorio de Santa Ana Xalmimilulco, y de que los campesinos se opusieran al despojo de más de 80 hectáreas, Angélica Alvarado mandó a reprimir a los pueblos con Guardia Nacional, grabaderos y policía estatal. Hoy, 2025 siendo diputada local por el partido MORENA, da la cara y se presenta como trabajadora de Concesiones Integrales Agua de Puebla del grupo Hank Ron y del español Jordi Bosch que pretenden seguir lucrando con el agua de los pueblos. Afortunadamente la comunidad la corrió como se debe correr a los vendidos, criminales y asesinos.