PROTESTA POLICIAL EN SANTA FE: DESARME MASIVO Y SANCIONES EN UNA CRISIS INSTITUCIONAL

| ★ POLÍTICA |

(★) Argentina.- La tensión escaló en la provincia tras manifestaciones por reclamos salariales.

La crisis de las fuerzas de seguridad santafesinas estalló con una virulencia que dejó al descubierto las profundas grietas en el sistema. Más de sesenta agentes activos y retirados fueron desarmados y trasladados a Judiciales tras concentrarse frente a la Casa de Gobierno provincial, en una protesta que se replicó en Rosario, Rafaela, Reconquista y Vera. La movilización, que incluyó quema de cubiertas y cortes de tránsito, evidenció el descontento generalizado por condiciones laborales y salarios que no alcanzan.

Al tiempo que los uniformados reclamaban mejoras económicas, el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni respondió con mano dura: anunció el pase a disponibilidad de al menos veinte agentes y denunció que sobre los reclamos legítimos se montaron "familiares de efectivos desplazados por graves hechos de corrupción". La respuesta gubernamental incluyó desarme masivo, identificación forzosa y amenazas de sanciones administrativas, generando un clima de confrontación institucional sin precedentes.

La protesta policial expone la contradicción de un sistema que exige a sus agentes contener la crisis social al mismo tiempo que los sumerge en la misma precariedad que deben combatir. Liliana Ritvo, policía retirada, lo expresó con crudeza: "El personal policial tiene una desventaja: porta un arma. Y cuando hace crisis en su situación social, económica y psíquica, la crisis es total". Las mejoras anunciadas -bonos de hasta 500.000 pesos y aumento de la tarjeta alimentaria- llegaron tarde y como parche ante un problema estructural.

La criminalización de la protesta policial por parte del gobierno provincial revela la lógica autoritaria que atraviesa las instituciones. Cococcioni acusó a los manifestantes de intentar "golpear una política de seguridad exitosa", transformando reclamos laborales en supuestas conspiraciones. En paralelo, la represión interna contra quienes osan organizarse muestra que el disciplinamiento vertical opera incluso dentro de las fuerzas que deberían garantizar derechos. La crisis santafesina es un espejo de la degradación institucional que atraviesa el país, donde la respuesta ante el conflicto social es siempre la misma: más represión, menos diálogo.