LA REFORMA EDUCATIVA PANAMEÑA: ¿MODERNIZACIÓN O NEGOCIO PRIVATIZADOR?

| ★ EDUCACIÓN |

(★) Panamá.- Una discusión que enmascara la mercantilización de la enseñanza pública.

La primera reforma educativa en Panamá desde 1946 se presenta como una "modernización necesaria", pero detrás del discurso oficial se esconde una peligrosa agenda privatizadora impulsada por asesores libertarios. El gobierno de José Raúl Mulino, al tiempo que anuncia su iniciativa, ya muestra las grietas de un proyecto que prioriza los intereses del mercado sobre el derecho a la educación. Los gremios docentes alertan con razón: esta reforma podría convertir las aulas en negocios y precarizar aún más la labor educativa.

Infobae, como medio del establishment neoliberal, presenta el debate como una mera "tensión institucional" entre Ejecutivo y Legislativo, invisibilizando la verdadera disputa: educación como derecho social versus educación como mercancía. Su cobertura omite deliberadamente las advertencias de los sindicatos docentes y normaliza la participación de "expertos internacionales" vinculados a organismos que promueven la estandarización mercantil.

Las pruebas PISA, citadas como "evidencia" de la necesidad de reforma, no son más que instrumentos de control neoliberal que buscan homogenizar los sistemas educativos bajo parámetros de competitividad capitalista. Estas evaluaciones internacionales, creadas por la OCDE -organización que representa los intereses de las economías más ricas-, miden la educación con la misma lógica con que se evalúa una empresa: eficiencia, productividad y adaptación al mercado laboral.

La educación privada, lejos de ser la solución, es parte del problema estructural. Mulino reconoce la brecha entre sistemas público y privado, pero su reforma podría profundizarla al abrir las puertas a mayor injerencia empresarial. Cuando el sector privado entra en educación, lo hace para obtener ganancias, no para garantizar derechos. La calidad educativa se mide entonces en términos de rentabilidad, no de formación integral.

La participación del creador de PISA en las conferencias legislativas revela la verdadera orientación: adaptar el sistema panameño a los estándares globales del capital, no a las necesidades del pueblo. Esta reforma, promovida por asesores libertarios, busca desmantelar lo público para convertirlo en nicho de negocio, afectando la estabilidad laboral docente y la calidad educativa de las mayorías.

Al tiempo que se anuncia mayor acceso a tecnología, se oculta que la verdadera modernización requiere más inversión pública, mejores salarios docentes y currículos críticos, no adaptados al mercado. La educación no es un servicio que se compra y vende; es un derecho que el Estado debe garantizar. Panamá necesita una reforma, pero una que fortalezca lo público, no que la entregue al capital.