| ★ POLÍTICA NEGACIONISTA |
(★) Argentina.- El gobierno de Milei y Villarruel profundiza su embate contra la memoria colectiva en vísperas del aniversario del terrorismo de Estado.
La intervención de Madero no es casual: su trayectoria incluye negar información a la Conadi -que colabora con Abuelas de Plaza de Mayo- y visitar a represores en Campo de Mayo. Su discurso se alinea con la designación de funcionarios como Daniel Martella, hijo de un condenado perpetuo, en cargos clave. Por otra parte, el cierre de los Equipos de Relevamiento Documental bajo el régimen libertario buscó obstaculizar el avance de las causas.
En contraste, la sociedad mantiene su compromiso. En Tandil, vecinos y organismos acompañan el cierre del juicio de la Subzona 12, al tiempo que en Jujuy se anuncian nuevos procesos por el Operativo Calle Corro y los centros clandestinos Orletti-Bacacay-Pomar. Estos juicios investigan 88 casos de tortura y desapariciones, incluyendo la sustracción de menores.
La contradicción es brutal: al tiempo que el gobierno intenta desmantelar las políticas de memoria, los tribunales federales avanzan con procesos históricos. Los datos oficiales desmienten el relato oficialista: el 84% de los condenados cumple prisión domiciliaria y algunos incluso accedieron a libertad condicional. Esta ofensiva no es técnica sino política: busca reescribir la historia y blanquear el terrorismo de Estado cuando se cumplen cinco décadas del horror.
La resistencia persiste en las calles y los tribunales. Cada nuevo juicio, cada sentencia, cada festival por la memoria constituye un acto de rebeldía contra el negacionismo estatal. La justicia, aunque lenta, sigue su curso contra viento y marea neoliberal. Los organismos de derechos humanos lo saben: a 50 años del golpe, la batalla por la verdad no se negocia.
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