LA DOCTRINA DEL ASESINATO: EE.UU. EJECUTA EN ALTA MAR MIENTRAS EL MUNDO MIRA

| ★ POLÍTICA IMPERIAL |

(★) EEUU.- La militarización de la guerra contra las drogas alcanza niveles de impunidad sin precedentes.

Desde septiembre de 2025, el régimen Trump ha convertido el Pacífico oriental y el Caribe en campos de tiro donde la justicia se ejecuta con misiles. El último episodio, el 9 de febrero, dejó dos muertos y un sobreviviente tras un "ataque cinético letal" ordenado por el general Francis L. Donovan del Comando Sur. Esta operación número 38 de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear eleva a 130 las víctimas fatales en menos de seis meses, con apenas tres capturados. La narrativa oficial habla de "narco-terroristas" y "organizaciones designadas", pero las pruebas brillan por su ausencia.

Lo que el Pentágono presenta como éxito táctico es en realidad una política sistemática de ejecuciones extrajudiciales. La doctrina del "golpe cinético letal" desplaza la lógica policial por la militar, eliminando cualquier posibilidad de debido proceso. Los barcos son tratados como objetivos legítimos desde el primer momento, sin abordaje previo ni incautación de evidencia. Esta estrategia, que comenzó bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, se ha convertido en una licencia para matar en aguas internacionales.

La comunidad internacional guarda un silencio cómplice que legitima esta impunidad. Países costeros como Ecuador participan en labores de rescate, otorgando cobertura humanitaria a operaciones que violan el derecho internacional. Al tiempo que el régimen Trump designa cárteles como organizaciones terroristas para justificar su accionar bélico, los gobiernos latinoamericanos enfrentan el dilema de cooperar con Washington o enfrentar represalias. La militarización avanza sin freno, transformando la cooperación policial en ocupación militar encubierta.

La hipocresía del sistema neoliberal queda al descubierto: se invierten miles de millones en armamento de precisión para ejecutar pescadores y tripulantes, mientras se recortan programas de salud pública que podrían abordar las causas estructurales de la adicción. Los 80.000 muertos anuales por sobredosis en EE.UU. sirven como justificación para masacres en alta mar, pero no para políticas de reducción de daños o despenalización. Esta guerra sin fin beneficia al complejo militar-industrial y consolida el control imperial sobre las rutas marítimas latinoamericanas.

El silencio global ante estas ejecuciones extrajudiciales marca un precedente peligroso. Si hoy se asesina impunemente a supuestos narcotraficantes, mañana podrá hacerse con disidentes políticos, migrantes o cualquier persona etiquetada como "amenaza". La normalización de la violencia estatal en aguas internacionales erosiona los principios más básicos del derecho humanitario. Mientras la prensa corporativa reproduce acríticamente los comunicados del Pentágono, los cuerpos siguen flotando en el Pacífico, testimonio mudo de una impunidad que el mundo prefiere ignorar.