| ★ POLÍTICA |
(★).- Diputados debate en sesión extraordinaria la polémica baja de la edad de imputabilidad a 14 años, en una ofensiva punitivista que busca criminalizar a la juventud más vulnerable.
La historia de las políticas de seguridad en Argentina muestra un patrón recurrente: en momentos de crisis social profunda, los gobiernos recurren al punitivismo como cortina de humo. Hoy, el oficialismo busca una nueva victoria legislativa con un proyecto que pretende bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, una medida que ya logró media sanción y que se debate en la Cámara de Diputados en sesión extraordinaria. El gobierno de Javier Milei apuesta a sancionar esta reforma antes del 1° de marzo, en una carrera contra reloj que evidencia su agenda represiva.
Al tiempo que se destruyen 86.000 empleos registrados en seis meses y se aplica un brutal ajuste en salud sexual -con menos preservativos gratuitos distribuidos-, el Ejecutivo prioriza criminalizar a adolescentes. La iniciativa genera voces contrapuestas, pero el oficialismo hace cuentas y confía en llegar a los 129 votos necesarios en Diputados. Figuras cercanas al propio Milei critican la negación oficial de usar un nuevo IPC, mostrando las fisuras internas en un gobierno que avanza con su motosierra sobre derechos laborales y ahora sobre garantías penales juveniles.
Esta ofensiva punitivista ocurre en un contexto donde se desbaratan bandas de explotación sexual infantil en Brasil con pilotos detenidos por liderar redes de pedofilia, pero el foco local se pone en castigar a víctimas del sistema antes que atacar las causas estructurales. La reforma laboral de Sturzenegger que celebra que "si te lastimaste jugando al fútbol, tu jefe no tiene nada que ver" encuentra su correlato en esta criminalización de la niñez pobre. El Estado abandona su rol protector para convertirse en aparato represor, en una lógica que recuerda los peores momentos de la doctrina de seguridad nacional, ahora disfrazada de modernización penal.
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