EL SENADO FRENA LA LEY DE GLACIARES: OFICIALISMO HUYE DE LA COMISIÓN AMBIENTAL

| ★ EXTRACTIVISMO |

(★) Argentina.- Una jugada política para priorizar la reforma laboral sobre la protección del agua.

La historia de la Ley de Glaciares argentina, sancionada en 2010 como una de las normas ambientales más avanzadas de la región, vuelve a estar en el centro de la disputa política. Al tiempo que el gobierno de Javier Milei impulsa cambios que flexibilizarían la protección de estas reservas hídricas estratégicas, el oficialismo protagonizó una retirada escandalosa de la Comisión de Ambiente del Senado. El diputado Maximiliano Ferraro denunció públicamente que el bloque de La Libertad Avanza decidió "levantarse y huir de la comisión" cuando se exigía garantizar la participación de organizaciones ambientales y la realización de una audiencia pública.

Esta maniobra parlamentaria ocurre en paralelo a la intensa negociación por la reforma laboral, que acapara la agenda gubernamental. Los sectores ambientalistas interpretan la postergación del debate sobre glaciares como una estrategia deliberada para relegar la protección ambiental frente a los intereses del capital extractivo. La ley vigente establece presupuestos mínimos para proteger glaciares y ambientes periglaciales, considerados fundamentales para la seguridad hídrica del país.

Desde el Ejecutivo sostienen que el marco actual genera "inseguridad jurídica" y limita inversiones mineras, proponiendo una redefinición que otorgue mayor poder a las provincias sobre sus recursos naturales. Por otra parte, organizaciones sociales y asambleas territoriales ya anunciaron movilizaciones bajo la consigna "La Ley de Glaciares no se toca", rechazando frontalmente cualquier flexibilización que ponga en riesgo el acceso al agua para millones de personas.

Ferraro enfatizó que la participación ciudadana en estas discusiones no es opcional sino una obligación constitucional, respaldada por el Acuerdo de Escazú y la Ley General de Ambiente. "Está en juego el recurso más preciado para el futuro del país: el agua", señaló el legislador, exigiendo un tratamiento "democrático, serio, riguroso, amplio y participativo".

La tensión expone la contradicción entre un modelo de desarrollo basado en el extractivismo y la necesidad urgente de proteger los bienes comunes. En un contexto de crisis climática global, donde los glaciares representan reservas estratégicas de agua dulce, la regresión ambiental propuesta por el gobierno marca un retroceso peligroso que beneficia a corporaciones mineras en detrimento de la soberanía hídrica popular. La lucha por los glaciares se transforma así en una batalla por la vida misma, donde la resistencia social se erige como última trinchera frente al avance depredador del capital.