| ★ POLÍTICA |
(★) Bolivia.- La presión popular logró lo que el diálogo no pudo: el gobierno de Rodrigo Paz cedió ante la movilización obrera.
El histórico acuerdo alcanzado en el mercado Santa Rosa de El Alto representa una victoria contundente para el movimiento sindical boliviano. Tras semanas de bloqueos que paralizaron seis de los nueve departamentos del país, la Central Obrera Boliviana (COB) consiguió la abrogación del polémico Decreto Supremo 5503. La firma del documento ocurrió este domingo con la presencia de seis ministros del gabinete presidencial, evidenciando la magnitud de la crisis política desatada por las medidas económicas impopulares.
El gobierno se comprometió a promulgar en 48 horas un nuevo decreto que mantendrá aspectos clave como la eliminación de subsidios a combustibles, reprogramación de créditos y mejoras en bonos sociales. Sin embargo, lo fundamental es que la nueva normativa será elaborada mediante una comisión conjunta entre el Estado y "todas las capas sociales", según el acuerdo suscrito. Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, celebró el triunfo popular: "A todo ese pueblo que está movilizado en las carreteras hoy puede sentirse alegre porque su lucha no ha sido en balde".
La movilización iniciada el 6 de enero demostró la capacidad organizativa del movimiento obrero para resistir políticas neoliberales disfrazadas de "medidas económicas necesarias". Los bloqueos indefinidos afectaron desde el turismo en Uyuni hasta el abastecimiento en ciudades principales, mostrando la interdependencia económica que el gobierno subestimó. La COB mantendrá el estado de emergencia hasta la promulgación del nuevo decreto, demostrando desconfianza saludable hacia compromisos gubernamentales.
Esta victoria sindical revela la vigencia de la organización popular frente a recetas económicas impuestas verticalmente. El gobierno de Paz aprendió a las malas que en Bolivia las decisiones económicas no se toman sin consultar a quienes las sufren. La resistencia callejera sigue siendo el contrapeso más efectivo contra políticas que privilegian el ajuste fiscal sobre el bienestar popular, demostrando que cuando la gente se organiza, hasta los decretos más firmes deben negociarse.
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