| ★ POLÍTICA CAMPESINA|
(★) Internacional.- El Parlamento Europeo detiene temporalmente el polémico acuerdo comercial tras presión continental
La resistencia campesina transatlántica logró una victoria histórica al frenar el avance del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur. El 21 de enero de 2026, el Parlamento Europeo votó a favor de enviar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para revisión jurídica, en lo que organizaciones campesinas califican como un triunfo de la movilización popular frente a los intereses corporativos.
La Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC) celebró la decisión como una victoria por la rendición de cuentas democrática. Morgan Ody, agricultora francesa y coordinadora general de La Vía Campesina, advirtió que "cualquier intento de aplicar provisionalmente este TLC por parte de la Comisión Europea sería un escándalo democrático". La organización exige que se respete el proceso institucional y se espere el dictamen del tribunal antes de cualquier avance.
En paralelo, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) destacó que esta suspensión "no fue casualidad; fue lucha organizada". La organización subrayó que el resultado demuestra cómo la resistencia popular puede detener proyectos que amenazan la soberanía alimentaria y los territorios. "¡La resistencia campesina no tiene fronteras!", afirmaron en un comunicado.
El acuerdo UE-Mercosur, negociado durante más de 25 años, enfrenta críticas por favorecer al agronegocio exportador en detrimento de la agricultura campesina. Las organizaciones denuncian que profundiza la explotación, aumenta la dependencia económica y amenaza bosques, agua y economías locales. La movilización incluyó manifestaciones, bloqueos con tractores y presión ciudadana directa sobre eurodiputadxs.
Esta victoria temporal brinda un tiempo crucial para fortalecer la lucha intercontinental. Las organizaciones campesinas permanecen vigilantes, conscientes de que el poder corporativo buscará reactivar el acuerdo. El caso judicial podría extenderse entre 16 y 18 meses, ofreciendo una ventana para articular alternativas comerciales basadas en solidaridad, derechos humanos y protección ambiental, no en la perpetuación de desigualdades históricas.

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