TRIPLE DESASTRE MINERO EN MINAS GERAIS: EL MODELO QUE MATA SIGUE IMPUNE

| ★ POLÍTICA |

(★) Brasil.- Siete años después de Brumadinho, la minería brasileña repite su tragedia cotidiana.

La región central de Minas Gerais vive una pesadilla recurrente. En menos de una semana, tres vazamientos de estructuras mineras han puesto en alerta a comunidades enteras, en una escalada que evidencia la impunidad estructural del sector. El domingo 25 de enero, justo cuando se cumplían siete años de la tragedia de Brumadinho que dejó 270 muertes, un reservatorio de Vale transbordó entre Congonhas y Ouro Preto, inundando instalaciones de CSN Mineração. Al tiempo que se realizaban homenajes a las víctimas, más de 200 mil metros cúbicos de agua con sedimentos arrasaban el paisaje.

La cadena de desastres continuó. En paralelo al primer incidente, se confirmaron otros dos vazamientos en áreas de Vale, y un tercero en el dique de Fraile de la mina Casa de Pedra, perteneciente a CSN. Las empresas minimizan los hechos: Vale habla de "extravasamiento de agua con sedimentos" y CSN niega cualquier "anormalidad en las estructuras". Por otra parte, la prefeitura de Congonhas calificó el incidente como "dano ambiental moderado" y confirmó que material llegó al Río Maranhão.

Este triple desastre ocurre en un contexto de precarización sistemática de los órganos ambientales. La Agencia Nacional de Minería (ANM) admitió en octubre pasado que carecía de recursos para fiscalizaciones, con bloqueos presupuestarios que paralizan inspecciones en barragenes. Al mismo tiempo, la Fundación Estadual del Medio Ambiente de Minas Gerais enfrenta un proceso de desmantelamiento bajo el gobierno de Romeu Zema, que el año pasado provocó una huelga de 93 días de sus servidores.

Las comunidades viven en terror permanente. Familias abandonan sus hogares durante la temporada de lluvias, niños con crisis de ansiedad, vecinos que no duermen pensando en la próxima tragedia. La minería no solo extrae minerales, sino que extrae la paz de quienes viven cerca de sus operaciones. Este modelo depredador prioriza ganancias extraordinarias sobre vidas humanas y ecosistemas, mientras los órganos de control son sistemáticamente debilitados para facilitar la impunidad empresarial.

La respuesta política ha sido insuficiente. Diputadas como Duda Salabert y Beatriz Cerqueira han pedido suspensiones de licencias y fiscalizaciones rigurosas, pero el poder corporativo sigue intacto. Siete años después de Brumadinho, las lecciones no han sido aprendidas: las empresas continúan operando con estructuras precarias, los órganos ambientales son desfinanciados, y las comunidades siguen siendo rehenes de un modelo que mata. La justicia tarda, pero el miedo y la destrucción son inmediatos.