| ★ POLÍTICA DE SOMETIMIENTO |
(★) Argentina.- La soberanía argentina en el extremo sur se negocia en Davos mientras aviones militares estadounidenses aterrizan en Ushuaia.
La medida se implementó mediante una intervención administrativa de 12 meses sobre el muelle, justificada por el gobierno de Milei con la detección de supuestas irregularidades financieras y desvío de fondos públicos. Al mismo tiempo, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, expresó su rechazo a la decisión, señalando que no existe una justificación objetiva para alterar el control provincial del puerto y anunció que la provincia recurrirá a tribunales para recuperar la autonomía de la dirección de puertos.
En paralelo, la llegada de un Boeing militar estadounidense a Ushuaia generó alerta en la población local. Según Perfil, la Embajada de Estados Unidos confirmó que se trató de una "delegación bipartidista del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes" que viajó a la Patagonia para abordar una agenda técnica sobre procesamiento de minerales críticos, gestión de residuos mineros e investigación en salud pública. Sin embargo, el secretario jurídico de Tierra del Fuego, Emiliano Fossatto, advirtió que la visita generó "mucha inseguridad" debido a que no existió ninguna comunicación previa con las autoridades locales.
La senadora nacional Cristina López exigió explicaciones urgentes al Poder Ejecutivo sobre el destino de la Base Naval Integrada, denunciando que Tierra del Fuego "no es una base militar extranjera" y reclamando transparencia sobre los acuerdos que el presidente podría estar cerrando a espaldas del Congreso. Por otra parte, la coincidencia temporal entre la intervención del puerto, los despidos de trabajadores locales y el aterrizaje militar terminó generando un escenario de desconfianza generalizada.
Analistas advierten que la oferta podría tener implicaciones geopolíticas y comerciales significativas, al abrir una puerta a la presencia militar y comercial de Estados Unidos en el extremo sur del país. La oposición alerta sobre los riesgos de un acuerdo que involucra territorio estratégico nacional a cambio de beneficios diplomáticos internacionales, en lo que parece ser una nueva entrega de soberanía bajo el disfraz de cooperación internacional.
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