MILEI DESAFÍA LA JUSTICIA: DENUNCIAN INCUMPLIMIENTO DE LEY DE DISCAPACIDAD

| ★ POLÍTICA |

(★) Argentina.- El gobierno nacional enfrenta una nueva batalla judicial por vulnerar derechos humanos fundamentales.

La abogada cordobesa Marta Lastra, referente de discapacidad y madre de un niño con discapacidad, presentó una denuncia formal ante el Juzgado Federal de Campana por el incumplimiento del fallo que obligaba al gobierno de Javier Milei a implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esta normativa fue aprobada y ratificada con amplia mayoría por el Congreso, pero el Ejecutivo mantiene una actitud dilatoria que afecta directamente a todo el colectivo. Lastra integra la Fundación Familias CEA y es actora en el amparo colectivo que dio lugar a la sentencia del juez Adrián González Charvay.

En su escrito, la letrada especifica que el accionar gubernamental "tiende a continuar con el atentado en contra del colectivo de la discapacidad, los prestadores, instituciones y transportistas y ONG y federaciones de ONG". El gobierno se excusa argumentando que debe reglamentar la ley para ponerla en marcha, pero Lastra desmonta esta justificación: "No resulta imprescindible la tan retardada reglamentación, ya que con ordenar las facilidades impositivas a las instituciones cuya situación financiera fiscal los está llevando al cierre, resulta una acción concreta".

La abogada remarca que tampoco resulta difícil autorizar las altas de las pensiones no contributivas que fueron dadas de baja, ni actualizar el nomenclador en el porcentaje mínimo establecido. Sentencia que la reglamentación faltante "es solo una excusa dilatoria y amenazante". El Estado Nacional no necesita reglamentar para actualizar los valores de los aranceles, como lo hizo anteriormente cuando actualizó solo un 35% del 70% que ordena la ley.

Lastra reserva la posibilidad de elevar el caso a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso legal extraordinario. Esta lucha judicial expone cómo las políticas de ajuste recaen con especial crudeza sobre las personas más vulnerables, utilizando tecnicismos burocráticos para postergar derechos conquistados.

Más de lo mismo en un país donde la sensibilidad social, la responsabilidad colectiva y las prácticas políticas están en disputa.