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LULA DESAPROPIA SIETE INMUEBLES PARA REFORMA AGRARIA: UNA VICTORIA HISTÓRICA DEL MST

| ★ POLÍTICA POPULAR |

(★) Brasil.- El gobierno brasileño avanza en la redistribución de tierras con medidas concretas que benefician a familias campesinas.

La lucha histórica por la tierra en Brasil da un paso significativo con la firma de siete decretos de desapropiación por parte del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esta acción, formalizada en el Diario Oficial, representa un avance concreto en la promesa de reforma agraria que había quedado postergada durante años de gobiernos neoliberales. El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) celebra lo que califica como "un momento histórico" en la lucha por la justicia social en el campo.
Las propiedades afectadas suman miles de hectáreas distribuidas en cinco estados brasileños. En Minas Gerais, la emblemática Fazenda Nova Alegria en Felisburgo -escenario de violencia donde fueron asesinados cinco campesinos- será transformada en el asentamiento Tierra Prometida, beneficiando a 62 familias que resistieron décadas de conflicto. En Mato Grosso, las haciendas Santa Cecilia I y II abarcan 2.380 hectáreas, al tiempo que en São Paulo tres propiedades suman casi mil hectáreas. Rio Grande do Norte y Rio Grande do Sul completan el mapa de esta redistribución territorial.
El gobierno destinará aproximadamente 2.700 millones de reales a acciones vinculadas a la reforma agraria, incluyendo créditos de instalación para las familias beneficiadas. Esta medida busca simultáneamente combatir el hambre, ampliar la producción de alimentos y reducir las desigualdades estructurales en el acceso a la tierra. Para el MST, esta victoria refuerza la convicción de que la violencia en el campo, la pobreza y la inseguridad alimentaria solo pueden superarse mediante la consolidación de una reforma agraria popular que priorice a quienes trabajan la tierra.
La desapropiación de la Fazenda Nova Alegria tiene especial significado simbólico: representa justicia para las familias que enfrentaron represión y violencia, y demuestra que la organización colectiva puede transformar realidades de exclusión. El próximo paso será la homologación judicial de los decretos, proceso que las organizaciones campesinas esperan sea ágil para que las familias puedan finalmente establecerse en tierras propias después de años de lucha y resistencia.

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