LA MILITARIZACIÓN DE LA RESISTENCIA: CUANDO EL EJÉRCITO SE PREPARA PARA REPRIMIR PROTESTAS

| ★ POLÍTICA |

(★) EEUU.- El gobierno federal estadounidense escala su respuesta represiva ante la ola de manifestaciones contra las redadas de ICE.

La tensión política alcanza niveles alarmantes con el Pentágono ordenando a 1.500 soldados del Ejército permanecer en alerta para un posible despliegue en Minnesota. Esta medida extraordinaria responde directamente a las amenazas de Donald Trump de invocar la Ley de Insurrección, un estatuto del siglo XIX que permitiría usar tropas activas como fuerza policial doméstica. La 11ª División Aerotransportada, especializada en condiciones árticas y basada en Alaska, está lista para intervenir si la Casa Blanca decide cruzar ese umbral histórico.

El detonante fue el tiroteo fatal de Renee Nicole Good por un agente de ICE durante protestas en Minneapolis, incidente que desató una ola de indignación nacional. Las manifestaciones se extendieron desde Filadelfia hasta Minnesota, donde manifestantes marcharon exigiendo el fin de las redadas migratorias. La respuesta del Departamento de Justicia fue descalificar la demanda de Minnesota como "legalmente frívola", argumentando que el estado busca un "veto estatal" sobre la aplicación de la ley federal.

Paralelamente, el gobernador Tim Walz activó la Guardia Nacional de Minnesota bajo control estatal, marcando una contradicción política: condena las operaciones federales pero prepara fuerzas militares para contener la inestabilidad. Esta dualidad refleja la complejidad de un conflicto donde la soberanía estatal choca con la autoridad federal. Las protestas han incluido enfrentamientos entre grupos pro y anti-ICE, con reportes de violencia y coerción en las calles.

La escalada militar ocurre en un contexto donde agentes federales reportan amenazas crecientes, incluyendo ofertas de recompensas por asesinatos de oficiales de inmigración. Sin embargo, defensores de derechos civiles advierten que la presencia militar durante protestas legítimas amenaza la libertad de expresión y profundiza la desconfianza comunitaria. La situación actual mantiene un equilibrio precario: tropas federales en alerta máxima, guardias estatales desplegadas y operaciones migratorias continuando bajo restricciones judiciales.

Esta crisis expone cómo la resistencia popular frente a políticas migratorias represivas puede desencadenar respuestas militarizadas del Estado. La amenaza de usar tropas activas contra manifestantes civiles representa un punto de inflexión peligroso en la relación entre gobierno federal y derechos ciudadanos, donde la disidencia se criminaliza y la fuerza militar se normaliza como herramienta de control político.