LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA CUERDA FLOJA: RECORTES Y BRECHAS QUE PROFUNDIZAN LA DESIGUALDAD

| ★ POLÍTICA  EDUCATIVA|

(★) Argentina.- La Ley de Libertad Educativa amenaza con desmantelar décadas de conquistas sociales mientras el presupuesto nacional pone en riesgo la calidad de la enseñanza pública.

La educación argentina enfrenta su momento más crítico en décadas. Las evaluaciones nacionales muestran diferencias abismales entre escuelas públicas y privadas, donde el sector estatal concentra los peores desempeños en matemática y lengua. Esta brecha no es casual: responde a décadas de políticas que privilegian la educación privada con subsidios estatales mientras recortan recursos a la pública. Liliana Cirullo, referente educativa, alerta sobre el presupuesto nacional que "pone en riesgo la calidad de la educación pública", evidenciando un desmantelamiento planificado.

Los números son contundentes: las escuelas privadas tienen más días efectivos de clase, mejor infraestructura, menor rotación docente y mayor acceso a tecnología. Mientras tanto, la pública edificios deteriorados y falta de reemplazos. Esta desigualdad se traduce en mayores tasas de abandono escolar en el sector estatal, especialmente en contextos vulnerables, condenando a generaciones enteras a la exclusión. El proyecto de Ley de Libertad Educativa profundiza esta lógica al transferir financiamiento a jurisdicciones sin considerar las profundas asimetrías provinciales.

El Estado tiene el rol indelegable de garantizar educación de calidad para toda la población, no solo para quienes pueden pagar una cuota. Los subsidios a la educación privada representan un doble desfinanciamiento: quitan recursos a la pública mientras fortalecen un sistema que reproduce desigualdades. La retórica de "libertad educativa" encubre un proyecto de desregulación que beneficiará a los sectores más acomodados y marginará aún más a les estudiantes de hogares populares.

La educación pública fue históricamente el gran igualador social en Argentina. Hoy, bajo el discurso de la eficiencia y la meritocracia, se la está condenando a la precarización. Defenderla no es nostalgia: es garantizar el derecho fundamental a aprender en condiciones dignas para todes, sin importar el código postal o el bolsillo familiar. El Estado debe volver a ser el gran garante de este derecho, con presupuesto acorde y políticas que reviertan este abandono.