| ★ POLÍTICA | TRABAJO |
(★) Argentina.- El desmantelamiento productivo avanza con rostro humano: cien hogares enfrentan la incertidumbre laboral tras el anuncio de cierre de Lamb Weston en Munro.
La multinacional estadounidense Lamb Weston confirmó el cierre de su planta en Vicente López, dejando sin empleo a aproximadamente cien trabajadores dedicados a la producción de papas fritas congeladas. La empresa justificó la medida como parte de una "reorganización global" para concentrar toda la producción en su nueva planta de Mar del Plata, donde invirtió 250 millones de dólares. Según la compañía, esta decisión busca "mejorar la rentabilidad y optimizar la eficiencia operativa" en su red global de fabricación.
Sin embargo, desde el sector sindical la interpretación es radicalmente diferente. Sergio Escalante, referente gremial, vinculó directamente el cierre con la política económica del gobierno nacional: "Esto se decide por las verdaderas razones: el modelo industricida de Milei y Caputo, su desprotección total a los trabajadores, su corrupción y la apertura indiscriminada a las importaciones que destruye nuestra producción nacional". El dirigente advirtió que la medida deja a familias enteras en la incertidumbre y anunció una audiencia para el 14 de enero en La Plata para exigir una solución que proteja los puestos laborales.
La empresa aseguró que los trabajadores afectados recibirán indemnizaciones según la legislación vigente, pero no especificó posibilidades de traslado o recolocación en la planta marplatense. Esta noticia se suma a un contexto de ajuste industrial que profundiza la vulnerabilidad social en el conurbano bonaerense, donde cada cierre representa no solo pérdida de empleo sino también desintegración comunitaria y deterioro de las condiciones de vida.
El desprecio por la vida de las familias trabajadoras se manifiesta en esta lógica empresarial que prioriza la rentabilidad sobre la estabilidad laboral. Mientras las corporaciones globalizan sus ganancias, los trabajadores locales cargan con las consecuencias del desarraigo económico. La defensa de cada puesto de trabajo se convierte así en una batalla por la dignidad humana frente a un modelo que mercantiliza incluso la subsistencia básica de las comunidades.
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