| ★ POLÍTICA | INFANCIAS |
(★) Argentina.- La doble crisis que golpea a las infancias más vulnerables: explotación laboral y desfinanciamiento estatal.
La situación en Ramallo expone una realidad que se repite en múltiples localidades bonaerenses: niños y niñas trabajando en semáforos y esquinas mientras el sistema diseñado para protegerles se desmorona por falta de recursos. El Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Ramallo lanzó una alerta comunitaria tras detectar casos de trabajo infantil en la vía pública, una práctica prohibida por ley que vulnera derechos fundamentales. Las imágenes circulando en redes sociales muestran a infancias realizando tareas de venta, expuestas a riesgos físicos y emocionales que afectan su desarrollo integral.
Paralelamente, en Tandil, trabajadores del mismo tipo de servicio denuncian precarización laboral y falta de recursos, evidenciando cómo el desmantelamiento estatal profundiza las vulnerabilidades. Esta doble crisis -explotación infantil por un lado y desfinanciamiento de los organismos protectores por otro- configura un escenario donde las infancias más pobres quedan atrapadas entre la necesidad económica familiar y la ausencia de políticas públicas efectivas.
El protocolo de intervención en Ramallo depende de denuncias vecinales que activan respuestas policiales y judiciales, pero sin recursos adecuados ni personal capacitado, estas acciones resultan insuficientes. La responsabilidad colectiva que invocan las autoridades choca con la realidad de servicios locales que operan al límite de sus capacidades, donde cada alerta por trabajo infantil encuentra un sistema debilitado para responder.
Esta situación refleja cómo las políticas de ajuste impactan directamente en la protección de derechos humanos básicos. Cuando el Estado retira su presencia de los territorios, las infancias quedan expuestas a múltiples violencias, y el trabajo infantil emerge como síntoma de un modelo que prioriza el mercado sobre la vida. La solidaridad comunitaria, aunque valiosa, no puede sustituir al Estado como garante último de derechos, especialmente cuando quienes deberían proteger también enfrentan precarización laboral.
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