EL GOBIERNO DE MILEI AVANZA CON LA CRIMINALIZACIÓN DE LA JUVENTUD EN EXTRAORDINARIAS

| ★ POLÍTICA JUDICIAL|

(★) Argentina.- La derecha profundiza su agenda represiva mientras recorta derechos sociales.

La historia se repite: cada vez que la crisis social se profundiza, los gobiernos neoliberales buscan chivos expiatorios en los sectores más vulnerables. El régimen de Javier Milei no es la excepción. En una nueva muestra de su agenda de ajuste y represión, el gobierno nacional confirmó que buscará imponer el debate de la Ley Penal Juvenil en las próximas sesiones extraordinarias del Congreso, con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años.

El vocero presidencial Manuel Adorni oficializó que la discusión sobre el Régimen Penal Juvenil será prioridad en el temario que comenzará el 2 de febrero. Al mismo tiempo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich reforzó esta línea con un discurso cargado de odio y estigmatización, afirmando que es necesario terminar con la supuesta "doctrina zaffaronista". Sin embargo, detrás de esta retórica de "tolerancia cero" se esconde una peligrosa maniobra para desviar la atención de la crisis social que el propio gobierno profundiza.

Desde la izquierda, el diputado Christian Castillo fue tajante al denunciar que esta iniciativa es una forma de "vender humo" a la población. Castillo sostuvo que no existe relación real entre la baja de la edad de punibilidad y la disminución del delito, citando ejemplos internacionales como Brasil y Uruguay donde medidas similares no redujeron la criminalidad. Lo que el gobierno calla son los datos duros: según el INDEC, al cierre de 2023, el 58,4% de las niñas y niños de entre 0 y 14 años se encontraban en condición de pobreza.

El proyecto oficialista establece que la edad de imputabilidad sería de 13 años, modificando el código actual que la fija en 16. En paralelo, el gobierno admite que la sanción podría darse recién en marzo, una vez iniciadas las sesiones ordinarias, priorizando antes el acuerdo con el Mercosur y la Reforma Laboral. Las estadísticas de la Corte Suprema y UNICEF demuestran que los delitos cometidos por menores de 16 años representan apenas el 0,1% del total en el país.

Es inadmisible que, ante una situación de vulnerabilidad extrema donde el 50% de los niños asiste a comedores escolares y el presupuesto para niñez ha bajado drásticamente, la única respuesta estatal sea la cárcel. La verdadera delincuencia está en el desmantelamiento de los programas de protección de derechos y en el ajuste criminal que empuja a millones a la miseria. La solución pasa por garantizar educación, trabajo genuino y futuro para la juventud, no por llenar las cárceles de niños víctimas de un sistema que los excluye.