| ★ POLÍTICA |
(★) EEUU.- La represión estatal muestra su rostro más crudo en Minnesota, donde la maquinaria del régimen Trump despliega su arsenal contra la disidencia civil.
Un poder centralizado que responde con violencia institucional a las demandas sociales. En Minnesota, la muerte de Renee Good, una mujer de 37 años y madre de tres hijos, a manos de un agente federal, desató la indignación popular. Al tiempo que las calles se llenaban de protestas pacíficas, el aparato represivo del régimen Trump respondía con detenciones arbitrarias y gas pimienta contra manifestantes.
La justicia federal, en una muestra de complicidad con el poder ejecutivo, acaba de levantar temporalmente las restricciones que impedían a agentes de ICE usar gas pimienta y arrestar a manifestantes pacíficos. La Corte de Apelaciones del Octavo Circuito concedió la solicitud del Departamento de Justicia, revirtiendo una medida cautelar que protegía los derechos constitucionales de protesta. Por otra parte, la jueza Katherine Menendez había determinado que las acciones de los agentes de inmigración tenían un "efecto paralizante" sobre los derechos de la Primera Enmienda.
El gobierno estatal de Minnesota, encabezado por el gobernador Tim Walz, califica el despliegue de miles de agentes federales como una "invasión federal" inconstitucional y destructiva. En paralelo, el Departamento de Justicia ha citado a varios demócratas prominentes de Minnesota, acusándolos de conspirar para obstruir las operaciones de ICE. Esta escalada represiva coincide con la visita programada del vicepresidente JD Vance a Minneapolis, quien según la Casa Blanca se enfocará en "restablecer la ley y el orden".
La administración Trump, ahora convertida en régimen, defiende sus tácticas a través del portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, quien afirma que toman "medidas apropiadas y constitucionales para defender el estado de derecho". Sin embargo, la realidad muestra un patrón sistemático de violación de derechos civiles, donde la disidencia se criminaliza y la protesta pacífica se reprime con el aparato estatal. El poder despótico funciona precisamente así: normalizando la violencia institucional, judicializando la protesta y convirtiendo a las víctimas en culpables, todo al tiempo que erosiona los pilares democráticos bajo el pretexto del orden.

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