| ★ POLÍTICA |
(★) Argentina.- El gobierno de Milei prepara un combo letal que combina precarización laboral con saqueo ambiental.
La estrategia es tan cínica como transparente: el 10 de febrero el Senado votará simultáneamente la reforma laboral que elimina derechos históricos y la modificación de la Ley de Glaciares que abre las puertas al extractivismo desenfrenado. Esta coordinación no es casualidad, sino la expresión concreta del modelo de país que impulsan el gobierno nacional y gobernadores de diversas extracciones políticas, desde Raúl Jalil en Catamarca hasta Alfredo Cornejo en Mendoza. Lo que buscan es un doble despojo: de las condiciones de vida de la clase trabajadora y de los bienes comunes naturales esenciales como el agua.
La reforma a la Ley de Glaciares representa una amenaza sin precedentes para las reservas hídricas estratégicas. La modificación permitiría que equipos técnicos provinciales decidan qué glaciares o ambientes periglaciares quedan fuera del Inventario Nacional, siempre que consideren que no cumplen función de reserva estratégica de agua. Esto significa que las provincias mineras tendrán carta blanca para explotar territorios que hoy están protegidos. Proyectos como Los Azules, El Pachón, Agua Rica y Josemaría/Vicuña, que involucran inversiones billonarias de transnacionales como Glencore, McEwen y BHP, quedarían habilitados para operar en zonas con alta concentración glaciar.
Los datos son contundentes: de las 96 cuencas hídricas argentinas, 36 son alimentadas por 16.968 glaciares. Siete millones de personas y 1800 localidades dependen directamente de estas fuentes de agua, un 18% de la población nacional. En provincias como San Juan, con déficit hídrico severo, la dependencia de los glaciares es vital. El proyecto Josemaría, por ejemplo, necesitaría 3100 litros de agua por segundo en sus picos de producción, 15 veces más que la mina Veladero. La experiencia de Bajo la Alumbrera en Catamarca muestra el legado tóxico: estudios científicos documentaron incidencias de cáncer de hueso tres veces más altas, esclerosis múltiple 500% más frecuente y enfermedades respiratorias en niñes superiores al 300%.
La lucha contra este doble ataque requiere unidad estratégica entre movimientos ambientales, sindicales y sociales. La separación artificial entre derechos laborales y defensa ambiental es una trampa del poder. Como demostró la resistencia en Chubut en 2021, la articulación entre trabajadores, comunidades y asambleas tiene potencia transformadora. El 10 de febrero debe ser una jornada de movilización masiva que bloquee el avance de este modelo extractivista y precarizador que responde a los intereses del FMI y las corporaciones transnacionales. La defensa del agua y los derechos laborales son dos caras de la misma lucha por la soberanía popular.
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