| ★ POLÍTICA |
(★) Bolivia.- La resistencia popular tumbó el decreto, pero la batalla continúa en el Legislativo.
La agenda ambiental de Paz amenaza derechos fundamentales. Ruth Alipaz, de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, denunció que se busca habilitar la “incursión extranjera” en áreas protegidas. En paralelo, se eliminaría la fiscalización legislativa sobre contratos extractivos, incluyendo el litio.
Expertos como Gonzalo Colque calificaron el mecanismo de “fast track” del decreto original como un “cheque en blanco”, al establecer plazos de apenas 30 días para aprobar proyectos. La diputada Cecilia Requena tildó la norma de “inconstitucional”.
La estrategia gubernamental ahora se traslada a la Asamblea Legislativa, donde el oficialismo, pese a diferencias internas, mantiene mayoría. La defensa de los territorios y la soberanía sobre los recursos naturales sigue en juego.
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