| ★ POLÍTICA |
(★) Uruguay.- La resistencia popular se organiza ante la inminente llegada de buques de exploración sísmica que amenazan el ecosistema marino.
El próximo 2 de febrero llegará al puerto de Montevideo uno de los buques que iniciará la prospección sísmica 3D, tecnología que emite ondas sonoras de baja frecuencia para mapear el subsuelo marino. Deborah Díaz, vocera de la Asamblea, advierte que "toda la fauna marina va a ser afectada, todo el ecosistema marino tan rico e importante para tantos servicios ecosistémicos fundamentales para nosotros". La pesca artesanal, actividad económica vital para miles de familias, será uno de los sectores más golpeados.
La movilización convoca para el domingo 1 de febrero a pescadores y personas vinculadas al mar en todas las playas del país a partir de las 16 horas. Esta acción se suma a la cadena humana del 6 de enero que reunió a cientos de personas en playas de seis departamentos bajo consignas como "El mar no se vende". La Asamblea denuncia que los contratos se firmaron "en secreto" con Ancap y empresas petroleras, violando el Acuerdo de Escazú que garantiza participación ciudadana.
El Ministerio de Ambiente defiende "las máximas garantías de protección ambiental", pero las organizaciones señalan la falta de técnicos, presupuesto y capacidad logística para controlar las operaciones. Díaz cuestiona: "Hablan de poner cuatro técnicos mirando un kilómetro desde el barco, pero científicamente eso no concuerda con cómo se propaga el sonido bajo el agua". La contradicción es flagrante: Uruguay promociona su imagen de "Uruguay Natural" al tiempo que avanza con proyectos petroleros que contradicen su política de transición energética.
La resistencia no es nueva. Desde febrero de 2025, cuando los proyectos tomaron estado público, la Asamblea participó en audiencias públicas donde las respuestas oficiales fueron evasivas. El 15 de diciembre entregaron más de 21.700 firmas exigiendo la suspensión, sin obtener respuesta. La movilización crece en paralelo con la desinformación oficial, revelando un patrón donde el Estado prioriza intereses corporativos por sobre el bien común.
La lucha por el mar uruguayo expone la hipocresía de un modelo que celebra logros ambientales en foros internacionales mientras destruye ecosistemas locales. La defensa del territorio marítimo se convierte así en un acto de soberanía popular frente a un Estado cómplice del extractivismo.
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