ABORTO LIBRE PUERTO RICO PLANTÓ BATALLA FRENTE AL CAPITOLIO CONTRA PROYECTO 923

| ★ POLÍTICA SANITARIA |

(★) Puerto Rico.- La resistencia feminista se organiza ante la avanzada conservadora que busca criminalizar la interrupción voluntaria del embarazo.

La historia del aborto en Puerto Rico es una de las más antiguas de América Latina, con legalización desde 1980 tras el caso Pueblo vs. Duarte. Al tiempo que este derecho parecía consolidado, la ultraderecha local inició un asedio legislativo que hoy amenaza con retroceder décadas de conquistas. El grupo Aborto Libre Puerto Rico protagonizó una contundente manifestación frente al Capitolio en San Juan, rechazando el Proyecto del Senado 923 que modifica el Código Penal para considerar "ser humano al concebido en cualquier etapa de gestación".

Esta medida, presentada por el Partido Nuevo Progresista (PNP), representa según las activistas un paso más en la estrategia de criminalización que ya incluye la Ley 183-2025 que reconoce personalidad jurídica al no nacido. Alondra Hernández Quiñones, portavoz de ALPR, advierte que el proyecto genera "confusión jurídica y médica" que podría llevar a imputar asesinato incluso por abortos espontáneos o negligencia médica. En paralelo, la ley promueve lo que denominan "medicina defensiva", donde profesionales evitarían atender embarazadas por temor a repercusiones legales.

La ofensiva conservadora no es casual: responde a cálculos electorales del PNP que, amenazado por el ascenso del ultraderechista Proyecto Dignidad, copia medidas del régimen Trump para captar votos. Rosa Seguí, activista del Movimiento Victoria Ciudadana, denuncia que estos partidos "sirven servilmente" a la administración estadounidense, intentando ser "más trumpistas que Trump". La gobernadora Jenniffer González, antes defensora de equidad, ahora firma proyectos que desconocen profundamente.

La resistencia se organiza en un contexto donde el aborto sigue siendo legal pero enfrenta barreras económicas y geográficas, con solo cuatro clínicas concentradas en el área metropolitana. Las activistas insisten en que la verdadera solución para reducir abortos es educación sexual integral y acceso a anticonceptivos, no criminalización. La batalla en las calles puertorriqueñas refleja una lucha continental: la defensa de la autonomía corporal frente a fundamentalismos que, bajo discursos de "protección de la vida", buscan controlar los cuerpos gestantes y profundizar desigualdades estructurales.