LA TRANSFERENCIA SILENCIOSA: CÓMO EL GOBIERNO DESVÍA RECURSOS PÚBLICOS HACIA LOS GRANDES PRODUCTORES

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(★) Argentina.- La reducción de retenciones agrícolas representa una transferencia masiva de recursos estatales hacia los sectores más concentrados de la economía argentina.

El reciente recorte en los derechos de exportación para el complejo oleaginoso y cerealero implica un costo fiscal anual que oscila entre US$520 y US$580 millones, según distintas estimaciones. Esta cifra, aunque representa el 0,1% del PBI, forma parte de un proceso más amplio de transferencia de recursos públicos hacia el sector agroexportador. Las modificaciones aplicadas en los últimos dos años han significado una devolución cercana a los US$1.950 millones al complejo productivo, según cálculos de la Fundación Mediterránea.

Las reducciones específicas anunciadas incluyen la soja (de 26% a 24%), sus subproductos (de 24,5% a 22,5%), trigo y cebada (de 9,5% a 7,5%), maíz y sorgo (de 9,5% a 8,5%), y girasol (de 5,5% a 4,5%). Estas medidas, presentadas como "estímulo productivo", operan en realidad como un mecanismo de redistribución regresiva: mientras el Estado pierde ingresos vitales para financiar políticas sociales e infraestructura, los grandes productores concentran mayores ganancias.

Esta política fiscal refleja una visión donde el alivio tributario a sectores de alta rentabilidad se prioriza sobre la recaudación necesaria para sostener el gasto público. La transferencia de recursos, aunque técnicamente justificada como incentivo productivo, consolida un modelo donde la riqueza generada por el sector primario se retiene en pocas manos en lugar de redistribuirse a través del Estado para beneficio social más amplio. Es decir, el gobierno decide enfocar sus políticas sociales para beneficiar a un sector altamente adinerado. Y su gasto público  no ha bajado, sólo se ha enfocado a beneficiar a la casta social más recalcitrante.