| ★ POLÍTICA | NO AL EXTRACTIVISMO |
(★) Argentina.- La megaminería transnacional presiona para desmantelar la protección del agua en Argentina
El Senado se transformó en un campo de batalla donde especialistas, organizaciones ambientales y científicas denunciaron con contundencia el intento del gobierno de vaciar la Ley de Glaciares. En un plenario de comisiones que parecía más un juicio político que un debate legislativo, quedó al descubierto cómo el proyecto oficial busca desarmar los presupuestos mínimos de protección ambiental para beneficiar a las megamineras transnacionales. Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, lo definió sin eufemismos: "Es la reforma Barrick Gold", señalando el verdadero destinatario de esta iniciativa que pretende modificar la Ley 26.639.
La arquitectura de protección ambiental construida durante años está bajo ataque sistemático. Viale advirtió que este proyecto "destruye la arquitectura de los presupuestos mínimos" y abre la puerta para que vengan después por los bosques, los ríos y la Ley General del Ambiente. La flagrante inconstitucionalidad del proyecto -que viola el artículo 41 de la Constitución- se combina con un desplazamiento deliberado de la ciencia. El IANIGLA, instituto científico de referencia en glaciología, ni siquiera fue consultado para la redacción de la nueva norma, según denunció su director Pablo Villagra.
Los datos científicos presentados por Agostina Rossi de Greenpeace son demoledores: el 20% de la infiltración que llega a las napas depende del ambiente periglacial, porcentaje que en años de sequía puede alcanzar el 50%. En Mendoza, donde solo el 4% del territorio es irrigable, toda el agua que se consume proviene de la nieve o los glaciares. Andrés Napoli de FARN alertó que esta reforma regresiva "va a estar en tribunales 40 años", generando inseguridad jurídica en lugar de certidumbre.
Mientras los gobernadores de San Juan y Catamarca defendían los intereses mineros, las organizaciones ambientales recordaron que los flujos de inversión más importantes van a países con estándares ambientales altos, no a territorios donde se debilitan las protecciones. Hernán Casañas de Aves Argentinas fue claro: "A nadie se le ocurriría pasar una autopista por arriba del glaciar Perito Moreno simplemente porque no tenga una función hídrica directa". El tratamiento exprés del proyecto, que se pretende votar el 10 de febrero, contrasta con el amplio proceso participativo que dio origen a la ley en 2010.
En un contexto de crisis climática acelerada, donde los glaciares son aliados fundamentales en la lucha contra el calentamiento, este intento de vaciamiento normativo representa una traición a las futuras generaciones. La defensa colectiva de la Ley de Glaciares se transforma así en un acto de resistencia contra el extractivismo que pretende convertir el agua -derecho humano fundamental- en mercancía al servicio de corporaciones transnacionales.
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