| ★ ARGENTINA |
(★) Argentina.- La firma del pacto comercial con Estados Unidos consolida un modelo de dependencia neocolonial que beneficia al capital transnacional y profundiza la desposesión nacional
El gobierno de Javier Milei ha optado por la dependencia frente a la integración regional, sellando un acuerdo comercial con Estados Unidos que representa la más clara expresión de acumulación por desposesión en la Argentina contemporánea. Este pacto, presentado como "histórico", configura en realidad un marco de vasallaje económico donde la soberanía nacional queda subordinada a los intereses del capital estadounidense.
La asimetría del acuerdo es abrumadora: mientras Argentina abre sectores industriales y tecnológicos donde compite con una de las industrias más desarrolladas del mundo, Washington ofrece concesiones limitadas centradas en bienes primarios que no afectan su estructura productiva. El país se compromete a desmantelar barreras no arancelarias, aceptar automáticamente estándares estadounidenses y ceder capacidades regulatorias clave, incluyendo el reconocimiento de certificaciones de la FDA (Food and Drugs Administration, Adminoistración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) sin evaluaciones adicionales.
Esta entrega soberana se complementa con la política de retenciones cero para las cerealeras transnacionales, que se ahorraron 1500 millones de dólares mientras los productores nacionales quedaron igual o peor. Las empresas como Cargill, Bunge y Louis Dreyfus, que monopolizan el 70% de las exportaciones del complejo sojero, son las grandes beneficiarias de este modelo que concentra la renta en pocas manos extranjeras.
El acuerdo tiene claras implicancias geopolíticas: subordina la política comercial argentina a los lineamientos de Washington, especialmente en relación con China, y debilita la integración regional del Mercosur. Las preferencias arancelarias otorgadas a Estados Unidos rompen la lógica del bloque y reflejan la doctrina Monroe actualizada para limitar el avance chino en áreas sensibles como la soja.
La sojización del campo argentino ilustra este proceso de desposesión. En cuatro décadas, Sudamérica pasó de producir del 5% al 50% de la soja mundial, impulsada por un paquete tecnológico transgénico que concentra el poder en las cerealeras. Estas empresas ejercen control total sobre la producción, precios, infraestructura y negociaciones con el Estado, mientras los pequeños productores quedan subordinados a contratos que determinan qué, cómo y cuánto producir.
El caso Vicentin representa la oportunidad perdida para revertir este modelo. La posible expropiación de esta cerealera estratégica naufragó por presiones políticas y falta de firmeza estatal, demostrando la incapacidad del sistema para enfrentar al poder concentrado del agronegocio.
Hoy convergen dos formas de saqueo: el del complejo agroindustrial, basado en la captura de rentas, y el financiero, operado por fondos internacionales. Ambos vacían la economía real y debilitan la soberanía nacional. La plusvalía extraída del trabajo nacional y los recursos naturales fluye hacia el capital transnacional, mientras se profundiza la mercantilización de la vida y se consolida un patrón de desarrollo que reproduce la dependencia estructural.
La alternativa requiere recuperar el control estatal sobre el comercio exterior, crear agencias con control social y construir un modelo que redistribuya la riqueza en lugar de concentrarla. Mientras tanto, el acuerdo Milei-EEUU consolida un neocolonialismo del siglo XXI donde Argentina se integra al mundo como proveedor primario y consumidor de manufacturas ajenas, reproduciendo ciclos de dependencia y vulnerabilidad.
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