| ★ POLÍTICA | INCENDIOS |
(★) Argentina.- Mientras los gobiernos miran para otro lado, las comunidades se organizan contra el fuego que devora sus territorios.
La Patagonia arde nuevamente y las cifras son escalofriantes: más de 4.000 hectáreas consumidas por las llamas en bosques nativos y parques nacionales. Desde mediados de diciembre, los incendios avanzan implacables en Chubut, Santa Cruz y Neuquén, con focos activos en áreas protegidas como Los Alerces y Los Glaciares. La crisis climática, la sequía histórica y las plantaciones de pinos exóticos crean un cóctel explosivo que los gobiernos provinciales y nacional han ignorado sistemáticamente.
La desinversión estatal es criminal: la Administración de Parques Nacionales cuenta con apenas 400 brigadistas cuando el mínimo debería ser 700 para cubrir 5 millones de hectáreas. Mientras tanto, el gobierno nacional redujo los presupuestos de la Ley de Bosques y del Fondo Nacional de Manejo del Fuego, debilitando la capacidad de respuesta ante emergencias. La negligencia política tiene nombre y apellido: presupuestos recortados, equipamiento insuficiente y una mirada extractivista que prioriza la renta sobre el bien común.
Frente a esta desidia estatal, las comunidades se organizan. Vecinos autoconvocados trabajan en cuadrillas, mientras comunidades mapuches como Lorenzo Pulgar Huentuquidel enfrentan pérdidas devastadoras de animales y viviendas. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, responde con acusaciones infundadas contra tomas de tierras, criminalizando a quienes sufren las consecuencias de su propia inacción. La solidaridad popular se activa con donaciones de agua, mangueras y equipos, demostrando que la organización comunitaria es la verdadera primera línea de defensa.
La Patagonia en llamas no es un desastre natural sino político. El 95% de los incendios tienen origen humano, pero la responsabilidad última recae en quienes desfinancian la prevención y priorizan el extractivismo sobre la vida. Mientras las comunidades luchan contra el fuego con sus propias manos, los gobiernos siguen apostando al modelo que nos quema. La resistencia territorial y la organización popular son la única esperanza frente a un Estado que prefiere ver arder los bosques antes que cuestionar el sistema que los destruye.
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