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(★) EEUU.- A sólo dos semanas de haber reabierto sus puertas, la última clínica de aborto en Fargo (Dakota del Norte) volvió a suspender servicios tras la decisión del máximo tribunal estatal de reactivar la ley criminal de 2007. Activistas denuncian un “golpe de timón teocrático” que arrasa derechos y expone a mujeres de bajos recursos.
El Tribunal Supremo de North Dakota ordenó la inmediata vigencia de la ley S.B. 2305, que tipifica el aborto como delito grave salvo que la vida de la gestante corra “riesgo inminente”. La norma sólo permite abortos por violación o incesto antes de las seis semanas, un plazo que la mayoría de las mujeres ni siquiera identifica como embarazo, mientras el estándar de "juicio médico razonable" para amenazas a la salud física resulta tan ambiguo que ya se reportan seis muertes por denegación de abortos médicamente necesarios.
La clínica Red River Women’s Clinic, que había reanudado atención el 10 de noviembre tras una cautelar favorable, volvió a cerrar ayer. “Nos están obligando a convertirnos en delincuentes o a abandonar a nuestras pacientes”, denunció la directora Tammi Kromenaker. El fallo, redactado por tres jueces republicanos, desestima la demanda interpuesta por médicos y organizaciones de salud pública que argumentaban inconstitucionalidad.
Expertos advierten que la medida recrudece la crisis sanitaria en el medio oeste: la distancia promedio a la clínica más cercana pasó de 500 a 1.200 km, afectando desproporcionadamente a comunidades indígenas y trabajadoras sin vehículo.
Colectivos feministas convocan a una “jornada de resistencia” para el sábado y preparan un amparo federal. Mientras tanto, el estado destina 5 millones de dólares públicos a “centros de crisis embarazos” vinculados a iglesias evangélicas que promueven la desinformación médica.
