| ★ EDUCACIÓN |
(★) Argentina.- Un proyecto que busca desmantelar la educación pública y convertirla en mercancía
Desde las organizaciones docentes se alza un grito de alerta colectivo frente al borrador de "Ley de Libertad Educativa" que circula en los medios. La CTERA y la UDA han manifestado su rechazo absoluto a esta iniciativa que, bajo el disfraz de la libertad individual, esconde un profundo retroceso reaccionario que pretende llevarnos educativamente al siglo XIX.
El proyecto arremete contra los pilares fundamentales del sistema educativo democrático. Busca derogar la Ley de Educación Nacional 26.206, fruto de amplios debates plurales que en 2006 consagraron a la educación como derecho social y al conocimiento como bien público. En su lugar, impone una visión que define la educación como servicio, respondiendo a los intereses de las corporaciones empresariales más concentradas.
Lo que más preocupa es el intento de eliminar al Estado como garante principal del derecho a la educación. El proyecto relega su rol a la mera subsidiariedad, quitando vigencia al artículo 9° de la Ley de Educación Nacional que garantiza el financiamiento del sistema educativo con al menos el 6% del PIB. En su lugar, plantea el financiamiento individual mediante "vouchers" (un vale de descuento) para familias que envíen a sus hijos a escuelas privadas, avanzando hacia la privatización encubierta.
Sergio Romero, secretario general de UDA, advierte que "esta ley va a destruir el ya desgarrado tejido social, generando un impacto negativo a mediano plazo difícil de dimensionar". El proyecto serrucha el sistema educativo para reemplazarlo por otro con tintes de privatización, confesionalidad y destrucción de la carrera docente.
Entre las vulneraciones más graves figura la declaración de la educación general básica como "servicio esencial", lo que atenta contra el derecho a huelga. También introduce la formación religiosa confesional en la educación pública, promueve lo que le gusta llamar a los libertarios "homeschooling" (educación en casa) y avanza con evaluaciones estandarizadas punitivas para la docencia basadas en la meritocracia.
Las organizaciones sindicales denuncian que se trata de un verdadero ataque al sistema democrático en su conjunto, que vulnera derechos sociales y laborales conquistados durante años de luchas sostenidas desde el campo popular. Un retroceso que, lejos de ampliar libertades, consolida la desigualdad y mercantiliza un derecho fundamental.
