| ★ POLÍTICA | SALUD |
(★) Argentina.- El gobierno ultraliberal busca convertir la atención médica en un negocio, desmantelando décadas de conquistas sociales.
La administración de Javier Milei avanza con su plan de privatización de cinco hospitales SAMIC en la provincia de Buenos Aires, aplicando su lógica de "motosierra" al sistema de salud pública. Los nosocomios afectados son el "Néstor Kirchner" de Cañuelas, el "René Favaloro" y "Presidente Néstor Kirchner" de La Matanza, el "Bicentenario" de Esteban Echeverría y "El Cruce Dr. Néstor Kirchner" de Florencio Varela. Estos centros sanitarios, administrados conjuntamente por Nación y Provincia, atienden a millones de personas en zonas donde la oferta privada es limitada o inexistente.
El modelo que evalúa el gobierno nacional es el llamado "sistema español", que implica concesionar la gestión a privados e implementar un sistema de cápitas donde les usuaries deberían pagar para acceder a la atención. Mario Lugones, ministro de Salud de Milei, no descarta otras opciones como el traspaso a Provincia, pero fuentes del sector indican que la privatización es la alternativa más probable. La lógica es clara: reducir costos estatales subordinando el derecho a la salud a criterios de rentabilidad empresarial.
La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) ya expresó su rechazo contundente, advirtiendo que esta medida "representa una seria amenaza al carácter público, estatal e integral del sistema de salud". Desde el gremio señalan que esta avanzada se inscribe en "una política sostenida de desfinanciamiento y vaciamiento" de los hospitales públicos, donde la situación es particularmente grave por la alta dependencia del financiamiento nacional.
La miseria de estas políticas radica en su esencia: convertir un derecho humano fundamental en una mercancía. Mientras el gobierno habla de "eficiencia", lo que realmente busca es transferir recursos públicos a manos privadas, fragmentando el sistema sanitario y excluyendo a quienes no puedan pagar. Es la misma lógica que aplica en educación, transporte y servicios básicos: desmantelar lo público para beneficio de unos pocos, profundizando la desigualdad y vulnerando derechos conquistados tras décadas de lucha colectiva.
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