| ★ POLÍTICA | NO AL EXTRACTIVISMO |
(★) Argentina.- Un negociado de vieja data que expone las entrañas del poder extractivista.
La transferencia de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) a Catamarca representa mucho más que un simple traspaso administrativo. Es la moneda de cambio perfecta en el mercado político argentino, donde Javier Milei intercambia recursos naturales por lealtades legislativas. El decreto 2/2026 formaliza la retirada nacional de esta empresa interestadual creada en 1958, dejando el 60% de utilidades para Catamarca y 40% para la Universidad Nacional de Tucumán.
La historia de YMAD está manchada por décadas de corrupción, saqueo ambiental y represión. Desde su asociación con Minera Alumbrera en los 90, la empresa acumula denuncias por malversación de fondos universitarios, derrames tóxicos documentados en cinco oportunidades entre 1997 y 2011, y complicidad en represiones contra comunidades que defienden sus territorios. La Auditoría General de la Nación ya cuestionó en 2010 el manejo opaco de sus recursos.
Raúl Jalil, gobernador peronista de Catamarca, celebra esta "victoria" al tiempo que sus legisladores avalan la reforma laboral de Milei en el Congreso. La operación es clara: apoyo político a cambio de control sobre los flujos millonarios que generará la reactivación de Alumbrera por parte de Glencore, prevista para 2028. El negocio minero resurge bajo el paraguas del RIGI, garantizando ganancias extraordinarias para las corporaciones.
Este trueque expone la continuidad del modelo extractivista más allá de los discursos libertarios. Mientras se desmantela la Ley de Glaciares y se reprime a activistas ambientales en Andalgalá, los mismos actores políticos históricos -PJ y radicalismo- mantienen su red de proveedores mineros. La promesa original de YMAD, crear un polo científico universitario financiado por la minería, quedó reducida a edificios inconclusos y desvíos de fondos.
La resistencia popular enfrenta una avanzada coordinada: entrega de recursos naturales, flexibilización laboral y criminalización de la protesta. Los pueblos catamarqueños conocen el precio real de este desarrollo: contaminación del agua, enfermedades y represión. El trueque YMAD revela que, detrás de la retórica anarcocapitalista, persiste la vieja política del saqueo a cambio de complicidades.
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