| ★ POLÍTICA |
(★) Argentina.- Una actualización metodológica que llega con ocho años de retraso y sospechas políticas.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos implementa desde enero de 2026 una nueva metodología para medir la inflación, pero lo hace con una demora que abarca tres gobiernos consecutivos. La actualización, basada en la Encuesta de Gastos en Hogares 2017-2018, debió aplicarse en 2018 y fue sistemáticamente postergada por Macri, Fernández y ahora Milei. El motivo no es técnico sino político: evitar que la quita de subsidios a servicios públicos impactara con toda su fuerza en el índice inflacionario.
Los cambios son significativos. Los alimentos bajan su ponderación del 27% al 22,5%, mientras que servicios como luz, gas y electricidad saltan del 9,4% al 14,5%. El transporte aumenta del 11% al 14,3%. Esta reconfiguración llega justo cuando el gobierno completó el desmantelamiento de subsidios, haciendo que los aumentos tarifarios pesen menos en el cálculo futuro. Según estudios de la Universidad Torcuato Di Tella, si se hubiera aplicado esta metodología antes, la inflación real de 2024 habría sido 16 puntos porcentuales más alta que la oficial.
La Junta interna de ATE en el Indec, que ha sido garante de transparencia, reconoce que no hubo manipulación directa de datos pero sí "especulación política" en la dilación. Raúl Llaneza, delegado general, advierte que esta demora "puede distorsionar la herramienta con la que se discute en paritarias la recuperación salarial". El Centro de Economía Política Argentina calcula que, aplicando los ponderadores correctos, la inflación desde la asunción de Milei sería 38,7 puntos más alta.
La manipulación estadística no se limita al IPC. El CEPA denuncia que cambios en la Encuesta Permanente de Hogares mejoran artificialmente la captación de ingresos no laborales, afectando la medición de salarios y pobreza. Además, revisiones "inusualmente grandes" en el EMAE permitieron eludir técnicamente un cuadro de recesión. Mientras el pueblo se preocupa por sus vacaciones, el gobierno ajusta las estadísticas a su conveniencia, erosionando la credibilidad de instrumentos cruciales para defender derechos laborales y medir la realidad económica que sufren las familias trabajadoras.
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