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(★) Chile.-El caso de la dirigenta mapuche de 72 años expone fallas sistémicas en la justicia chilena y patrones de discriminación institucional
A un año de la desaparición de Julia Chuñil Catricura, presidenta de la comunidad mapuche Putreguel, el caso revela un entramado de encubrimiento estatal y sesgos racistas en la investigación. La dirigenta de 72 años, defensora del territorio, desapareció tras ser amenazada por el empresario Juan Carlos Morstadt Anwandter en el contexto de disputas territoriales.
La Fiscalía conocía desde hace meses transcripciones que confirmaban la violencia ejercida contra Chuñil, pero omitió informar a la familia y no adoptó medidas relevantes contra el latifundista. Morstadt, entrevistado por TVN, cayó en contradicciones sobre sus declaraciones y anunció querellas, mientras permanece sin formalización.
El Ministerio Público bloqueó inicialmente el acceso de las abogadas de la familia a la causa, situación que solo se normalizó recientemente tras la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que había decretado medidas cautelares en julio.
La investigación ha priorizado la criminalización de los hijos de Julia mediante testigos de identidad reservada, muchos de ellos policías involucrados en montajes anteriores. Mientras tanto, el fiscal Ángel Valencia minimiza la relevancia de las declaraciones de Morstadt amparándose en la "reserva" del caso.
El Estado chileno evita reconocer la desaparición como forzada, pese a las evidencias de participación de agentes estatales. La fiscal Tatiana Esquivel, aún en funciones, enfrenta denuncias por prácticas de intimidación y utilizó falsedades para obtener órdenes judiciales.
La CONADI aparece vinculada al caso, habiendo pagado millonarias sumas a Morstadt por las tierras en disputa y luego devolviéndole el terreno sin exigir restitución de recursos públicos. Once meses después, la búsqueda de Julia Chuñil sigue siendo un imperativo humano y político pendiente.
