| ★ ARGENTINA |
(★) Argentina.- El gobierno de Milei exporta al mundo su negacionismo sistémico —la cifra de 30.000 desaparecidos como "negocio" según el subsecretario Alberto Baños ante la ONU.
Mientras el diario oficialista Contexto silencia el escándalo internacional reduciéndolo a un titular perdido entre noticias de ajuste, Página12 documenta el repudio unánime de los organismos y Tiempo Argentino desmenuza la estrategia de desmantelamiento: Baños, ex juez designado para vaciar el organismo de DDHH, acusó a las víctimas de crear "el famoso número" para acceder a subsidios y afirmó que los organismos buscan tener "a la República Argentina de rodillas". La perplejidad de los expertos de la ONU frente a esta ruptura con cuatro décadas de política de Estado evidencia el giro epistémico del gobierno: reescribir la memoria para borrar responsabilidades. Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, lo define como "repudiable, como todo lo que hace este gobierno". El CELS denuncia el desfinanciamiento de sitios de memoria que sobreviven por voluntad de trabajadores.
¿Quién gana con este revisionismo? El poder que necesita limpiar su genealogía represiva. Quiénes pierden: las víctimas que ven su dolor convertido en moneda de cambio político y las generaciones futuras, creciendo en una identidad nacional desprovista de lo que marca la diferencia entre un pueblo que lucha y luchó siempre por forjar su presente y futuro con justicia social. Lo que se silencia: que los 30.000 son la cifra de la dignidad resistente. La memoria no se negocia en Ginebra.
