| ★ BOLIVIA |
(★) Bolivia.- La tierra habla con voz de mujer indígena y exige cuentas al poder.
Mientras el presidente Rodrigo Paz ensaya sus primeros movimientos en el Palacio Quemado, las organizaciones históricas que sostuvieron el proceso de cambio —la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” y la CSUTCB— desempolvan su musculatura política para recordarle al nuevo gobierno que la soberanía no se decreta desde un escritorio, se construye desde los territorios. Su pronunciamiento es un mapa de tensiones: seis puntos que trazan una línea roja en el suelo boliviano. La exigencia de restitución inmediata de la Wiphala y el Patujú en todos los espacios oficiales no es una mera reivindicación simbólica; es el termómetro de un despojo cultural que las bases leen como la avanzada de un proyecto que pretende desmontar, pieza a pieza, la arquitectura plurinacional. No es un paño colorido. Es la memoria de luchas anticoloniales, la bandera de las naciones originarias agraviadas por un acto de segregación que huele a racismo estructural.
Exigen una disculpa pública. Cuestionan las intenciones sobre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Advierte que no permitirán reformas estructurales que afecten al pueblo. Cada punto es un dique de contención. El cuarto punto, crucial, revela el núcleo material del conflicto: el temor a que el debilitamiento del ministerio clave para el sector campesino signifique el desmantelamiento de políticas agrarias y de titulación territorial conquistadas a pulso. Es la defensa de una institución que, más allá de sus burocracias, encarna la posibilidad material de la reforma —la tierra para quien la trabaja— frente a la amenaza latente de un agronegocio que extiende sus tentáculos.
La Bartolina Sisa y la CSUTCB, actores fundamentales en las insurrecciones que cambiaron el país, no apelan a la violencia pero sí a la movilización consciente. Convocan a sus bases a la unidad y la firmeza, erigiéndose como un control social frente a un gobierno que, aseguran, debe cumplir sus promesas de campaña. Su lenguaje es el de la legitimidad histórica frente a la legitimidad electoral. Mientras el poder ejecutivo negocia con sus entornos ministeriales, las organizaciones sociales reclaman que cualquier medida de ajuste debe ser consensuada con el pueblo. No es una petición. Es un ultimátum político desde las mayorías indígenas y campesinas que se sienten directamente agraviadas. ¿Hasta dónde está dispuesto a ceder un gobierno que se presenta como continuador, pero cuyos primeros gestos son leídos como una traición por quienes pusieron los muertos para que el Estado se llame Plurinacional? La Wiphala observa.
Conferencia de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” y la CSUTCB, donde se aborda la coyuntura nacional:
